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El Comité Ejecutivo de la CES aborda una directiva que proteja los derechos de los trabajadores de plataforma y la situación crítica de los derechos humanos, especialmente en Afganistán

USO ha asistido al Comité Ejecutivo Extraordinario de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), celebrado de forma virtual, para tratar los diferentes temas de actualidad política y sindical que se están abordando en el seno de la UE.

Entre ellos está la represión a organizaciones civiles y sindicatos en Bielorrusia; la presentación de la Comisión Europea del nuevo Marco Estratégico de Salud y Seguridad en el Trabajo 2021-2027; la situación de los trabajadores de plataforma; o la situación de la población afgana tras la toma del poder de los talibanes y el abandono del país por parte de las fuerzas occidentales.

Entre los principales temas de discusión, se encuentran las negociaciones actualmente existentes acerca de una directiva para regular a nivel europeo las condiciones laborales de los trabajadores de plataforma, cuyos derechos son gravemente vulnerados; y la aprobación de una declaración para exigir medidas de ayuda al pueblo afgano.

Una directiva que proteja los derechos de los trabajadores de plataforma

Desde que la Comisión Europea abriera una fase de consulta a los agentes sociales para mejorar las condiciones laborales de este tipo de trabajadores, el debate parece avanzar, aunque no en la línea deseada por la CES. Los sindicatos europeos reclaman una mayor ambición a la UE para que adopte una directiva que contemple varios aspectos:

  1. Debe basarse en el artículo 153(2) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para establecer una presunción refutable de relación laboral en este tipo de empresas.
  2. La CES se opone firmemente a la creación de una tercera categoría que se diferencie de los trabajadores y de los autónomos. Además, la propuesta de directiva debe abarcar a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores atípicos; en particular, los que trabajan en empresas de plataforma. Debe contemplar asimismo las plataformas digitales que operan en la UE.
  3. Las empresas de plataforma deben cumplir con sus obligaciones laborales, de protección social y fiscales como empleadores, incluyendo los acuerdos sectoriales derivados de la negociación colectiva con los interlocutores sociales. Además, las empresas de plataformas deben estar sujetas a las mismas normas que las demás empresas en situaciones transfronterizas.
  4. Una presunción de relación laboral con una inversión de la carga de la prueba (del trabajador al empresario) no afectará al modelo de negocio de las empresas de plataforma que operan con auténticos trabajadores autónomos, al validar la relación desde la parte de la empresa de plataforma hacia el órgano administrativo o judicial correspondiente.
  5. El papel de los sindicatos y de la negociación colectiva es clave a la hora de organizar el trabajo a través de plataformas y para defender los derechos e intereses de sus trabajadores. La UE debería animar a los estados miembros y a los interlocutores sociales a estimular el diálogo social en el trabajo en plataformas y apoyar el desarrollo de capacidades en este contexto.
  6. En lo que respecta a los nuevos derechos relacionados con la gestión algorítmica, la negociación colectiva entre los interlocutores sociales desempeña un papel clave en el diseño y la aplicación de la regulación relativa al control democrático y la transparencia del algoritmo, y la protección de los datos de los trabajadores. La vigilancia algorítmica de los trabajadores debe estar prohibida.

Con el fin de presionar a la Comisión Europea para que lleve a cabo una iniciativa ambiciosa, la CES quiere organizar una acción el 7 de octubre para la Jornada Mundial del Trabajo Decente en Bruselas, así como acciones en los diferentes países de las organizaciones miembro.

La CES exige medidas para ayudar al pueblo afgano

En la reunión, se aprobó igualmente una declaración en la que se muestra la preocupación de la CES por la situación en Afganistán y por la seguridad del pueblo afgano, tanto de las personas que permanecen en el país, como los que buscan protección. La CES ha señalado la necesidad de que las instituciones de la UE tomen medidas inmediatas y que todos los estados miembros colaboren en la salida segura de Afganistán y el asilo para cualquier persona en peligro.

La Unión Europea y los estados miembros deben hacer todo lo posible para proteger a todos los activistas sindicales, de derechos humanos y de las mujeres; a los periodistas; y a quienes han hecho campaña por la libertad, la democracia y la igualdad. La creación de corredores para los refugiados es ahora más necesaria que nunca.

Asimismo, la CES, en su declaración, apoya el llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, instando a todos los países a acoger a los refugiados afganos y a abstenerse de realizar deportaciones y retornos forzados. Es imprescindible que las circunstancias particulares de las mujeres y las niñas sean reconocidas.

Del mismo modo, la CES, al igual que USO, se suma al llamamiento de la Confederación Sindical Internacional (CSI) a la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos, y expresa su preocupación por la seguridad de los funcionarios y activistas sindicales.

Europa sigue sin una política común sobre migración y asilo

Especialmente grave fue la respuesta dada por los Ministros de Interior de la UE en el Consejo extraordinario del 31 de agosto, en relación con la prevención de la inmigración irregular “a gran escala”, el refuerzo de los controles fronterizos y la necesidad de mantener a la gente fuera de Europa. Cabe recordar que la gran mayoría de los refugiados afganos se encuentran en países vecinos, como Pakistán e Irán. Es una vergüenza que los países de la UE solo se centren en mantener a los refugiados fuera de Europa, en lugar de unirse en solidaridad para acoger y proteger a los afganos que temen a los talibanes.

Como expresa la Declaración de la CES sobre el Pacto de la UE sobre Migración y Asilo 2, la CES lamenta que el nuevo Pacto no cree una política común para toda la UE basada en los derechos. Una que garantice que los estados miembros se responsabilizan de los solicitantes de asilo y atienden a las necesidades de los inmigrantes.

En cambio, sucumbe a los movimientos políticos antiinmigrantes y a los estados miembros que desean tratar la migración y el asilo como un asunto exclusivamente nacional para seguir restringiendo el acceso de quienes buscan protección internacional en sus países. Negando, de esta manera, los derechos fundamentales de los migrantes.