Hasta noviembre, se han registrado 1.003 inaplicaciones de convenios colectivos, que afectan a unos 19.000 trabajadores de todas las comunidades autónomas. En comparación con el mismo período de 2016, las inaplicaciones han bajado un 18,5%, unos 200 expedientes menos.
La gran mayoría de las inaplicaciones presentadas obedecen a un “descuelgue” salarial. En concreto, el 90,2% de ellas corresponden a un cambio en las cuantías pactadas en los convenios. Además, en uno de cada diez incumplimientos (12,6%), las empresas concurrían en dos inaplicaciones: la de la cuantía salarial y la del propio sistema de remuneración.
Las empresas son en su mayoría quienes promueven la inaplicación. La última reforma laboral establece cuatro causas que les dan las suficientes excusas como para rebajar las condiciones salariales. “No solo con la existencia de pérdidas, sino simplemente previéndolas, o demostrando dos trimestres consecutivos de rebaja del nivel de ingresos, que no tiene que significar necesariamente un descenso en los beneficios”, analiza Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.
Las inaplicaciones parciales de los convenios son uno de los ataques frontales a la negociación colectiva de la última Reforma Laboral. Una negociación colectiva que “habría quedado aún más desvirtuada y desprotegida de no haber prosperado la demanda presentada por la USO y respaldada por el Tribunal Supremo en enero de 2015 que restauró la ultraactividad de los convenios. De no haber sido así, los trabajadores que no consiguieran llegar a un nuevo acuerdo con sus empresas habrían vuelto a las condiciones básicas del Estatuto de los Trabajadores, perdiendo todos los derechos adquiridos en negociaciones previas”, apunta Estévez.
Datos por comunidades autónomas
En cuanto a la territorialización de las inaplicaciones, destacan sin lugar a dudas los datos arrojados por la comunidad de Andalucía, que sufre el 35% de este tipo de descuelgues. Córdoba, con 88, y Granada, con 79, son las provincias donde más se recurre a las inaplicaciones de convenio en toda España.
Menos conflictividad en algunas de las regiones uniprovinciales, como Baleares y La Rioja, con 2 y 1, respectivamente. Además, la ciudad autónoma de Ceuta solo ha tenido uno, y Melilla es el único territorio de España donde no se ha presentado ninguna inaplicación.
Otras regiones uniprovinciales, sin embargo, tienen altas tasas de descuelgues. Es el caso de Asturias, con 33, y Navarra y Madrid, con 32. Llamativo sobre todo en el caso de Asturias y Navarra, con un peso poblacional menor. Madrid, a pesar de su alta demografía, está por debajo de la otra gran conurbación estatal, Barcelona, cuya provincia ha presentado 52 inaplicaciones.
En algunas autonomías, se da un marcado desequilibrio por provincias. Cabe destacar que Tenerife tiene 44 inaplicaciones frente a la otra provincia canaria, Las Palmas, con 15; al igual que ocurre con Badajoz, 50, más del doble que Cáceres, con 22.
En otras provincias de marcada trayectoria industrial, como Pontevedra (36), A Coruña (24) y Bizkaia (14), también se observan ratios altas de inaplicaciones.
A todos los territorios hay que sumarle la incidencia, además, de 17 convenios de ámbito estatal que también han registrado algún tipo de inaplicación.
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