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El Gobierno en funciones ha anunciado que las pensiones no subirán a 1 de enero por la incertidumbre sobre la formación del próximo Ejecutivo, aunque ha querido salir al paso de las críticas aduciendo que eso no significa que no vaya a cumplir con su palabra de revalorizarlas según el IPC con el que finaliza el año, sino solo retrasar la medida hasta que se forme Gobierno y ejecutarla después con carácter retroactivo.

“Más allá de que el Gobierno cumpla o no con su palabra, que es algo que no nos creeremos hasta que no lo veamos, las pensiones no pueden ser siempre la moneda de cambio o el objeto de debate en las negociaciones de investidura o en las campañas electorales”, reitera Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO. “La única vía posible para que ningún partido político pueda jugar con el sistema público de pensiones es blindarlo constitucionalmente. Y no, no nos cansaremos de decir que no basta con la manera en la que están recogidas ahora mismo en la Carta Magna: ahora mismo, no se garantiza que siga siendo público ni se impide la pérdida de poder adquisitivo, como se padeció durante años”, continúa García.

USO, como miembro fundador de la MERP, la organización que propugna el blindaje constitucional de las pensiones, “continúa con su lucha en ese sentido en todos los ámbitos, tanto buscando que este punto se incluya en la agenda del Pacto de Toledo, como que siga recibiendo apoyos institucionales a través de ayuntamientos y autonomías, o que sea conocido y respaldado por el ciudadano de a pie, con continuas jornadas de recogidas de firmas para alcanzar los dos millones y presentarlas ante el Defensor del Pueblo”, explica la secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO, y portavoz de la MERP. La última de esas citas en todas las ciudades españolas se dio el pasado 20 de diciembre.