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El proyecto de ley de los PGE refuerza partidas sociales, deja otras en el aire y genera incertidumbre para afrontar la más que previsible crisis invernal

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha entrado en el Registro General del Congreso de los Diputados y, con él, ha comenzado el baile político de mercaderes preguntando qué hay de lo suyo y supeditando apoyos o enfrentamientos a correcciones partidistas. Un debate vacío “que no beneficia a la población, que debe ser la destinataria del mejor proyecto de presupuestos posible, y en el que nunca escuchamos propuestas o justificaciones, sino únicamente reproches partidistas”, lamenta el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

En USO, hemos analizado las principales partidas relacionadas con el empleo y la recuperación social tras la pandemia, y hemos llegado a la conclusión de que estas cuentas, también con muchos puntos positivos, no están preparadas para amortiguar el golpe que ya está recibiendo la microeconomía familiar desde hace más de un año, ni tampoco el mazazo que se espera a nivel macroeconómico y que puede abocarnos a la enésima crisis consecutiva.

Empleo y desempleo: incertidumbre en las prestaciones

Actualmente, España sigue con casi 3 millones de parados. Esto, en cuanto a tasa de desempleo, supone, según la última EPA, el 12,48 %. Sin embargo, las previsiones que manejan el propio Gobierno y el Banco de España son que se acercará al 13 % cuando finalice el año.

A pesar de ello, el borrador del proyecto de ley de PGE recoge un 5,3 % menos de partida para las prestaciones por desempleo. “O estamos ante un escenario muy optimista y seguramente poco realista de disminución del paro y, por ello, de las prestaciones, o se calcula que crecerá el desempleo de larga duración y, por lo tanto, bajarán las prestaciones contributivas. En ambos casos, la lectura que hacemos desde USO es preocupante. No se corresponden las perspectivas del paro con la partida en prestaciones, con lo que habrá un déficit en esta partida. O no se espera que cientos de miles de trabajadores se reincorporen al mercado laboral y que pasen a depender de prestaciones no contributivas. Sea lo que sea, nos provoca más incertidumbre que certezas con respecto a un colectivo especialmente vulnerable”, apunta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

No es la única incertidumbre en este aspecto. Alemania ha entrado oficialmente en recesión y la crisis energética acecha a toda Europa. “El bono social térmico ha aumentado su partida en un 65 %, lo que protegerá a muchas familias. Pero los precios de la energía eléctrica y los combustibles no afectan únicamente a los hogares, sino a la pequeña y gran producción industrial, y también a los principales servicios. En USO echamos en falta medidas concretas en este sentido y respaldo presupuestario para algo que tenemos la seguridad de que va a ocurrir, porque, de hecho, ya está ocurriendo”.

Servicios públicos esenciales: educación y sanidad

Joaquín Pérez resalta que “no podemos estar más de acuerdo en aumentar ambas partidas. Son dos de los pilares básicos de nuestro estado social. No sabemos si el aumento será suficiente para paliar todas las deficiencias que por desgracia hemos padecido en estos dos últimos años, especialmente en la sanidad, pero consideramos positivo que se apueste por reforzar la atención primaria y la salud mental, así como por formar a más personal médico. En este sentido, no obstante, debemos hacer hincapié que no basta con tener titulados universitarios, sino que también hay que darles un empleo estable y garantías de futuro. España ha formado a miles de médicos y enfermeras que otros países europeos han aprovechado por la falta de estabilidad. La sanidad, como el resto de personal dependiente de las administraciones, debe tener urgentemente un plan de estabilización y reducir la contratación temporal e interina a la mínima expresión”.

Además de faltar estabilidad, también esos empleados pierden poder adquisitivo. Como ya ha denunciado FAC-USO en su análisis del acuerdo con parte de la mesa de función pública, los trabajadores dependientes de las administraciones sufrirán un recorte real de salarios con respecto a su poder de compra. Los PGE reflejan en la partida de personal ese acuerdo firmado únicamente con CCOO y UGT.

Crece la partida de PGE destinada a pensiones

Según el proyecto de ley de los PGE, seis de cada diez euros se destinan al gasto social. Aunque, en realidad, más del 55 % del presupuesto ya está comprometido por obligaciones contraídas previamente, como el gasto en pensiones. Por ello, “vemos que hay algunas líneas de las partidas que sí giran hacia el gasto social, pero no es correcto que se vistan políticamente como presupuestos sociales partidas inamovibles”.

En cuanto a las pensiones, de hecho, la previsión de gasto aumenta un 8,5 % y eleva la partida al 40 % del total de los PGE. “Nos oponemos frontalmente a que esto sea un argumento para quien quiere debilitar el sistema público de pensiones. Las pensiones son sostenibles con la fórmula más sencilla del mundo: el empleo. Si se ponen todos los esfuerzos en mejorar el empleo y las cotizaciones, las pensiones están cubiertas. No nos olvidemos que las pensiones se generaron con cotizaciones y son esas las que deben cerrar el círculo”.

Fiscalidad: capital vs trabajo

Con respecto a las políticas fiscales, USO lamenta “que siga sin afrontarse una reforma integral, únicamente modificaciones individuales de cada impuesto o creación de otros. Aquí, debemos ponerles deberes a todos los grupos parlamentarios. Un cambio de la envergadura de reconstruir el sistema fiscal casi desde cero debe hacerse dejando de lado siglas y poniéndose al servicio de la ciudadanía a la que entre todos representan. La política fiscal no debe ser una cuestión de un gobierno, sino de Estado”.

Entre los aspectos que Joaquín Pérez destaca del proyecto de PGE está “un mayor gravamen a las rentas de capital mayores de 200.000 euros. Esto permitirá reducir la brecha entre las rentas del capital y las del trabajo, pues las del capital ya suponían más de la mitad del PIB”.

Pero sí apunta “una nueva incertidumbre, como es el mediático impuesto a los ricos. Hemos conocido el trazo grueso de este ‘impuesto de solidaridad’ a las grandes fortunas, pero no se recogen en los PGE ni su previsión de recaudación ni su destino”.