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La Federación de Industria de USO ha participado esta semana en la puesta en marcha de los grupos de trabajo que desarrollarán las actuaciones y los convenios de Transición Justa en Castilla y León, con el objetivo de reactivar la economía de las cuencas mineras. Marco Antonio Martínez, secretario general de USO-Castilla y León, quien representó al sindicato en esta reunión, ha destacado la importancia de este grupo de trabajo “ya que da voz a sindicatos, instituciones y ayuntamientos, que conocen de primera mano la vida de estas cuencas mineras y los problemas de futuro a los que se enfrentan próximamente”.

Además de sindicatos y agentes económicos, en ella han participado representantes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; de Industria, Comercio y Turismo; y de Hacienda; miembros del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE); la Junta de Castilla y León, y la Diputación de León; los regidores de Bembibre, Ponferrada, Villablino, Cubillos de Sil, Igüeña, Fabero, Páramo, Noceda, La Robla y Velilla del Río.

Serán cuatro los convenios que se firmen en la región y que dirigirán a la zona de El Bierzo; las áreas de Babia y Laciana; la zona de Pola de Gordón y La Robla; y para Velilla y Guardo. Cada convenio partirá de un diagnóstico inicial y de un análisis socioeconómico y de infraestucturas de la zona, junto a un estudio de las actividades económicas con mayor potencial para generar empleo y procurar el desarrollo económico de la zona en cuestión.

Entre los objetivos de estos convenios de transición justa, se encuentran impulsar proyectos de formación, de restauración de minas sin actividad, y otros generadores de empleo solvente, sostenible y de calidad, como el desarrollo de tecnologías de almacenamiento y de gestión de energía, y programas de eficiencia energética, con fondos públicos previstos de unos 600 millones de euros.

En este primer encuentro, se ha avanzado en delimitar territorialmente los cuatro convenios, así como fijar el calendario de aplicación, previsto entre mayo y septiembre de 2020. En opinión de Martínez, “a pesar de que se busca la máxima celeridad, el trabajo se retrasa mucho por los múltiples procesos administrativos”.