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Ante la convocatoria, respaldada por la Cumbre Social de CCOO y UGT, de las marchas iniciadas el 30 de septiembre “por las #pensionesdignas con las que se pretende derogar o modificar sustancialmente la reforma de 2013”, desde USO queremos manifestar que, aún siendo miembros de la Cumbre Social, no secundamos esta convocatoria.

Queremos mostrar nuestra extrañeza ante la mencionada derogación o modificación sustancial de la “reforma de 2013” a la que se hace referencia en esta convocatoria. Desde USO afirmamos que la última reforma de las pensiones que conocemos es la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013, una ley que se fraguó con un pacto de social entre el gobierno de Zapatero, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

Una ley que elevó la edad de jubilación a los 67 años, que introdujo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones, contra la que USO llevó a cabo una potente campaña para intentar parar su aprobación y convocó una movilización del sindicalismo independiente que culminó con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2011.

Uno de los puntos más agresivos y que más ha afectado al poder adquisitivo de los y las pensionistas es el factor de sostenibilidad, introducido en la reforma de las pensiones de 2011 en una nueva disposición adicional y que fue desarrollado en 2013 en la Ley 23/2013 de 23 de diciembre.

USO manifiesta su apuesta por la defensa del sistema público de protección social, nuestra convivencia social basada en un Sistema Público de Seguridad y Protección Social de Reparto Solidario, que hace que nuestra sociedad sea más humana.

Por ello, plantamos cara en su momento a la reforma de las pensiones de 2011 y por ello en 2013, creamos junto con otras organizaciones la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), desde la que las más de 300 organizaciones que la componemos promovemos una reforma que blinde las pensiones en la Constitución. Que sea obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos, la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones.

Desde USO entendemos que la movilización por la defensa del sistema público de pensiones debe hacerse desde el consenso, la unidad de acción y la coherencia, por lo que no respaldamos una movilización que no pida la derogación de la reforma de las pensiones que es responsable, junto con una mala gestión del sistema y la mala calidad en el empleo, de esta una situación que hace peligrar las pensiones presentes y futuras.