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USO ha convocado concentraciones para el próximo martes 14 de enero en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura para protestar por la sustitución que ha hecho el Gobierno de los vigilantes de seguridad de Ombuds por policías y guardias civiles en las cárceles de estas comunidades. “La propia Guardia Civil y la Policía Nacional reconocen que no pueden garantizar la seguridad en las prisiones, ni siquiera garantizan el traslado de los presos al no disponer del personal necesario. Esta chapuza administrativa va a dejar a cientos de compañeros vigilantes de seguridad en el paro y no va a resolver los problemas de seguridad en las prisiones”, lamenta Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO.

El Ministerio de Interior ha destinado al inicio de 2020 a 240 policías y guardias civiles a la custodia de quince prisiones de dichas comunidades. La empresa Ombuds terminó su contrato el 31 de diciembre y no presentaron ninguna firma al concurso que ofertaba encargarse de la seguridad en esas cárceles. “Por eso, desde la FTSP-USO exigimos una vez más que por parte del Ministerio del Interior se convoque un concurso por el procedimiento de urgencia y se le dote de la cuantía económica suficiente para cubrir estos puestos de trabajo a través de empresas de seguridad privada cumplidoras y decentes que cumplan con sus trabajadores así como con sus clientes, seguridad social y hacienda”, explica Febles.

Las concentraciones tendrán lugar en Madrid, frente al Ministerio del Interior; en Ciudad Real, frente a la subdelegación del Gobierno, y en Badajoz, frente a la Delegación.

USO, junto a otros sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad privada -UGT y CCOO-, ha criticado en un comunicado la decisión del Ministerio de Interior ya que para garantizar la continuidad del empleo de los vigilantes se debería prolongar el contrato de Ombuds mes a mes, hasta la nueva adjudicación.

Desde la FTSP-USO continuarán manteniendo conversaciones con empresas de seguridad e instituciones además de mantener la presión en la calle para que la sustitución de Ombuds revierta en garantías de empleo para el personal afectado. “Entendemos que las Administraciones Públicas no pueden dar la espalda y permanecer inmóviles ante los problemas que genera una contratación pública irresponsable, donde el único criterio tenido en cuenta sea la oferta más económica”, comenta el secretario general de la FTSP-USO.