El V AENC avanza en el desmantelamiento de derechos laborales, con una mayor persecución de las bajas y la privatización de las pensiones
El V AENC, Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, puede diferir ligeramente en algunos puntos con los anteriores, pero vuelve a materializarse con el mismo modus operandi. En este caso, además, “con mejor escenografía, como es el 1º de Mayo, donde se escenificaron las posturas alejadas y la supuesta presión sindical, cuando en realidad el acuerdo ya estaba más que cocinado y se conoció, organizado y redactado, apenas unos días después. Todo a puerta cerrada. Nada se sabe del curso de las negociaciones, de qué ofreció o reclamó cada uno”, lamenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.
El documento del V AENC parte de una extensa introducción que pretende ensalzar el modelo de Diálogo Social en nuestro país, junto a los acuerdos pasados suscritos. “Ese Diálogo Social que nos ha traído a tener el peor empleo de la UE, con la mayor tasa de paro, a ser líderes absolutos en desempleo juvenil y los que más poder adquisitivo hemos perdido en la OCDE. Un país donde no solo no se ha recuperado el número de horas prepandemia, sino donde se trocea el empleo entre más cotizantes que nunca. Todo ello se traduce en peores salarios y más brecha salarial entre hombres y mujeres, que son las que soportan la mayor parte de la parcialidad y la temporalidad. Un Diálogo Social que nos hace capaces de firmar millones de contratos para que el paro apenas baje en un puñado de personas”, analiza Pérez.
Sobre los AENC, el secretario general de USO apostilla que “también es bueno recordar que los anteriores no se cumplieron, o muy parcialmente. Que fueron y son papel mojado. Que en muchos casos han estorbado más que ayudado. Y es que, sin hablar de la representación patronal, muchas unidades de negociación no están protagonizadas por CCOO y UGT; quienes, recordemos, no suman más que el 67% de la representación total de este país. El resto de sindicatos y comités también negocian”.
Peor contratación
En cuanto a empleo y contratación, se resume la reforma laboral, “con algunas recomendaciones que estorban más que ayudan, como recomendar el empleo indefinido a jornada parcial, en unos momentos en los que precisamente la contratación parcial está disparada y no permite contar con un salario vivir, o darle a las ETT la potestad de manejar los contratos fijos discontinuos”, resume Joaquín Pérez.
Ese es uno de los apartados más lesivos para la estabilidad en el empleo. “Esta nueva prerrogativa para las ETT acabará de destruir la figura del fijo discontinuo. Lo que antes era un contrato para dar estabilidad a tareas estacionales ha quedado pervertido por la reforma laboral, es el nuevo contrato temporal para tapar huecos de días y semanas, y ceder ese tipo de contratación a las ETT acaba por confirmar esta perversión del contrato”, denuncia el secretario general de USO.
“Nada encontramos en el texto sobre pedir al Gobierno que intensifique los servicios de Inspección, que refuerce su plantilla, para que ninguna figura de contratación sea mal utilizada o se abuse de ella en alguna de sus aplicaciones”, añade Pérez.
Nuevo abandono de la jubilación parcial y el contrato relevo
El contrato relevo fue una de las figuras contractuales denostada tras la reforma laboral. Con la práctica desaparición de su uso, nos quedamos sin un instrumento que permitía el fomento del empleo joven mediante un mecanismo de jubilación parcial por sustitución de personas que no podían realizar su trabajo con normalidad.
“Se deja su aplicación a la negociación colectiva. Se ha dejado de pelear sindicalmente por este contrato, se da por perdido. Y no se ha reflejado en el acuerdo más que un traslado de la responsabilidad a los comités de empresa, los de empresas más grandes, que puedan conseguir un acuerdo así. Se ha dejado pasar la oportunidad de empujar para legislar en favor de esta figura tal y como estaba”, lamenta el secretario general de USO.
Subida salarial con pérdida adquisitiva
Fue lo primero que trascendió sobre el acuerdo y, en realidad, poco de lo realmente novedoso del texto. “Que dice algo tan sorprendente como que se respete lo pactado en convenio y otras cuestiones que parecen escritas únicamente con el afán de engordar el documento. Porque la realidad es que se asume la pérdida de poder adquisitivo del 5,3 % de 2022 y se acuerda un 4 % para 2023. Según las previsiones económicas y la inflación estructural, también esta recomendación de subida implicará otra pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores”, avanza el secretario general de USO.
Además, añade que “han fijado, para los dos próximos años, una subida anual del 3 %. Nosotros vamos a ser más prudentes y no vamos a asegurar que será a la baja. Porque, en estas condiciones, es más que atrevido afirmar que una subida del 3 % va a cubrir la inflación de dos años que se plantean, sobre todo el próximo, más que convulsos en cuanto a precios. Para muestra, la tendencia del BCE. Añadir que ‘se podrá incrementar un 1 % si el IPC es superior’ es decir eso… ‘se podrá’, pero no ‘se deberá'”.
También puede suponer “un tope a la negociación. A ver cómo podemos negociar otras organizaciones cláusulas de revisión salarial si la empresa se agarra a este acuerdo. Y, donde quieran ir a la baja, también podrán agarrarse a este acuerdo: no es un pacto obligacional y remarca que se atenderá a la capacidad de negociación y a las circunstancias. De hecho, es tan poco obligacional que para los funcionarios los mismos sindicatos firmaron una subida menor”.
El texto continúa pidiendo que se actualicen precios en la contratación pública: “nos alegramos de que haya un compromiso para esto. Esperemos que, además de firmarlo, se cumpa, y en todas las Administraciones. También ayudaría no acordar el SMI con el año empezado, cuando los pliegos ya están firmados”, recuerda Pérez.
Ataque directo al sistema público de pensiones
En cuanto a pensiones, las intenciones menoscaban el sistema público. Así, recogen literalmente que “planteamos fomentar en los convenios colectivos los Planes de Pensiones de Empleo; en su caso, a través de Entidades de Previsión Social Empresarial (EPSE), como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas”.
Desde USO, llevamos décadas defendiendo pensiones públicas de calidad, que no tengan que ser complementadas, que no nos obliguen a destinar parte del salario a planes privados gestionados. “Y eso seguiremos haciendo: quien quiera un plan privado puede hacerlo libre e individualmente, pero no por obligación colectiva. Este es el primer paso para que las pensiones públicas sean subsidiarias”, advierte Joaquín Pérez.
Demonizar y perseguir las bajas
En la línea de privatizar lo público y restar derechos, merecen una mención especial las incapacidades temporales por contingencias comunes: “los firmantes expresan su preocupación por la duración y la frecuencia de las IT comunes. Parece ser que los trabajadores enferman por encima de sus posibilidades. Y, por ello, piden ‘fijar líneas de actuación que, como consecuencia, reduzcan el número de procesos y su duración, así como el seguimiento y evaluación de dichas actuaciones’. En USO nos preguntamos si esto supone dar aún más funciones y poder a las mutuas, para que estas tengan potestad para acosar a los trabajadores en situación de IT para que la duración de sus bajas se acorte”, alerta Sara García, secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.
“Es decir”, abunda García, “los sindicatos mayoritarios están recomendando que se dé aún más competencias a las mutuas y que, con el dinero que con el que se debería financiar a la sanidad pública, se paguen convenios con estas entidades privadas. El texto del V AENC da aún más sentido a lo que denunciamos desde USO en la reciente campaña ‘La IT es temporal; tus derechos, no'”.
En este documento, los firmantes “están recomendado que se haga todo por lo que USO y multitud de organizaciones de la sanidad pública rechazaron la Ley de Mutuas. Ojalá la preocupación de los firmantes fueran la prevención, el reconocimiento del origen laboral de muchas bajas por contingencia común y el respeto a los tiempos de recuperación que establecen los facultativos del Sistema Nacional de Salud”, denuncia la secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO.
Mucho relleno en el AENC
Por último, el documento contiene ambigüedades y simple trasposición de normativa en seguridad y salud en el trabajo; flexibilidad interna; inaplicación de convenios; ERTE; mecanismos RED; desconexión digital; igualdad; discapacidad; diversidad; violencia sexual y de género…
Generalidades, pero con algunos apuntes preocupantes: “la racionalización del horario de trabajo, teniendo en cuenta las especificidades de cada sector o empresa, con el objetivo de mejorar la productividad y favorecer la conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.
“No sabemos muy bien con qué cristal mirar esta afirmación. Racionalización, sí. Pero, si lo condicionamos al sector o la empresa, es una carta blanca para negar esa racionalización”, avisa Joaquín Pérez.
Como recapitulación, el secretario general de USO recalca que “lo que más nos preocupa de este documento, y la patronal ya está sacando pecho de haberlo conseguido, es darle más poder a las mutuas, la persecución de las bajas; y la privatización de las pensiones a través de los planes obligatorios. Delegar derechos laborales y sociales a cambio de nada”.
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