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La Inspección de Trabajo propondrá al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sancionar a la aerolínea Ryanair por 26 infracciones laborales, 23 graves y 3 muy graves durante las huelgas convocadas el pasado septiembre en España por los sindicatos USO, Sitcpla y el de pilotos Sepla, contra el despido colectivo que la aerolínea irlandesa acabó aplicando a más de 200 trabajadores. USO, sindicato mayoritario entre los tripulantes de cabina y pasajeros junto con Sitcpla, denunció a la compañía ante la autoridad laboral por las irregularidades detectadas en las trece bases que tenía por entonces operativas en España.

El acta de infracción, firmada por la Dirección Especial de Inspección de Trabajo, con fecha del 10 de febrero, imputa a Ryanair siete faltas graves y tres faltas muy graves por obstrucción a su labor; diez faltas graves por lesionar el derecho de huelga de los trabajadores; y, por último, seis faltas graves en materia de salud laboral. La autoridad laboral ha comprobado y censurado la práctica de Ryanair de encuestar a los TCP sobre sus intenciones de realizar la huelga, algo prohibido en la mayoría de las legislaciones de la Unión Europea, incluida por supuesto la española. La Dirección Especial tiene competencia para actuar en la totalidad del territorio español y asume funciones de coordinación en las actuaciones inspectoras sobre empresas que excedan del ámbito territorial de una comunidad autónoma.

Lidia Arasanz, secretaria de Comunicación de USO-Ryanair, valora la propuesta de sanción y espera que no sea la última: “desde el sindicato USO, nos alegramos por la resolución sobre la huelga, finalmente, pero necesitamos que la Inspección resuelva la cantidad de denuncias interpuestas y, aún a día de hoy, a la espera, como la relativa a las prácticas de cesión ilegal de trabajadores. Como ya dijimos en el Congreso de los Diputados, sin la ayuda de las administraciones públicas nuestros derechos seguirán siendo vulnerados. Nos preguntamos hasta cuándo van a esperar para hacerlos cumplir la legislación española”.

Los sindicatos denunciantes, que convocaron huelgas y movilizaciones en septiembre de 2019 para protestar por el cierre de bases y presionar a la compañía para desbloquear la negociación del convenio colectivo y cumplir con la ley española, consideran que el derecho de huelga de los trabajadores quedó afectado por el abuso de poder de Ryanair, con la ayuda del Ministerio de Fomento, en la asignación final de los servicios mínimos a los empleados. Entre otras prácticas consideradas ilegales, la asignación de vuelos a trabajadores que tenían el día libre y nombrar un número desproporcionado de tripulantes de cabina de guardia.

Inspección de Trabajo también ha propuesto sancionar los locales conocidos como crewrooms, por ser inadecuados para alojar tripulantes y desarrollar su trabajo con las garantías que exige la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

El próximo 10 de marzo, sindicatos y Ryanair están citados de nuevo en la Audiencia Nacional, debido a la impugnación por parte de los representantes de los trabajadores del ERE planteado por la aerolínea irlandesa de bajo coste.