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USO defiende aprobar un Tratado Vinculante de la ONU que limite el poder de las multinacionales y proteja los derechos humanos, incluidos los sindicales

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional, posición económica, o cualquier otra condición.

Para hacer efectivos los derechos humanos, es necesario crear instrumentos jurídicos que los protejan frente a los abusos. En este sentido, USO aboga por la aprobación de un Tratado Vinculante de la ONU que ponga coto al poder de las multinacionales y proteja los derechos humanos en todo el mundo, incluidos los derechos sindicales.

¿Por qué la necesidad de un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos?

El poder económico de las empresas transnacionales no ha parado de crecer en los últimos 30 años. Actualmente, 30 de las 100 primeras economías mundiales son empresas transnacionales, con ingresos superiores al PIB de varios países. Esto provoca que su poder esté cada vez más concentrado, con un 80 % de los beneficios de las cadenas globales de suministro concentrado en, únicamente, el 10 % de las empresas.

Un ejemplo también del inmenso poder con que cuentan estas transnacionales se vincula con la evasión fiscal. Esta práctica provoca que los Estados, al recaudar menos, lleven a cabo recortes en servicios públicos como educación o sanidad. Sin embargo, esto solo representa una parte del enorme conjunto de conflictos económicos, sociales y ambientales que involucran a las transnacionales en todo el planeta.

A todo esto se suma que, en las últimas décadas, se ha consolidado una gobernanza corporativa global basada en un derecho internacional que protege con normas vinculantes a las transnacionales, gracias a los tratados de libre comercio y de protección de las inversiones actualmente vigentes. Además, las transnacionales son partícipes de la redacción de las regulaciones que se les aplican y las únicas “normas” a las que se ven sujetas son códigos voluntarios como los Principios Rectores de la ONU o las Líneas Directrices de la OCDE.

Aún no se ha logrado contar con un marco sólido, aunque poco a poco se van produciendo avances. En 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta, cuyo objetivo consiste en elaborar un instrumento jurídicamente vinculante (Tratado Vinculante) para las empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos.

Prioridades del movimiento sindical para el Tratado Vinculante

El movimiento sindical, y USO en particular, se encuentra muy implicado en la defensa de instrumentos jurídicos vinculantes que protejan a las personas de los abusos de los derechos humanos por parte de multinacionales. Los sindicatos abogan por un Tratado Vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos acompañado por mecanismos de reparación efectivos y haciendo campaña para que la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y laborales se regule a nivel internacional y nacional mediante una legislación vinculante.

Entre las prioridades clave para el movimiento sindical en la negociación del Tratado Vinculante se incluyen las siguientes:

  • Un alcance del Tratado amplio y sustancial, que abarque todos los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, incluidos los de los trabajadores y los sindicatos.
  • Todas las empresas comerciales deben verse implicadas, independientemente de su sector, tamaño, contexto operativo, propiedad y estructura o regulaciones extraterritoriales que rigen la empresa matriz.
  • Es necesario dar justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de empresas transnacionales en el país donde se encuentre la sede social.
  • Se deben implementar medidas regulatorias que obliguen a las empresas a adoptar y aplicar políticas y procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos.

USO señala que la voluntariedad aplicada hasta ahora no es suficiente y es necesario legislar. Este instrumento jurídico internacional representa un paso importante hacia la consolidación de la responsabilidad empresarial y mejoraría el acceso a mecanismos de reparación para las personas afectadas por violaciones de derechos humanos.