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En el Día Internacional del Migrante, USO recuerda a todos aquellos refugiados y migrantes que perdieron la vida o han desaparecido mientras trataban de alcanzar un futuro mejor y reivindica la lucha de nuestro sindicato en la defensa y apoyo a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, independientemente de su situación administrativa. No tener papeles te hace invisible, pero hay que recordar que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derechos laborales que deben ser respetados y reclamados ante la justicia.

El número personas migrantes sin documentación legal en Europa se calcula está entre 1.9 y 3.8 millones. La Confederación Europea de Sindicatos afirma que en España la cifra es de 600.000 personas, aunque son cifras estimatorias ya que no hay un registro oficial. Al menos unos 600.000 solicitantes de asilo de los 2 millones que han llegado a Europa desde 2013, siguen sin documentación hasta el momento.

Las políticas restrictivas en épocas de alto desempleo y el endurecimiento de las condiciones de renovación de la documentación, han provocado muchos inmigrantes hayan perdido las autorizaciones de residencia y trabajo y no tengan posibilidad de regresar a sus países de origen ni de volver a regularizar su situación.

Cuando alguien se encuentra en situación administrativa irregular queda totalmente desprotegida, sin derecho al trabajo legal, sin derecho a sanidad, a educación, a justicia y a servicios sociales básicos, condiciones incompatibles con todos los tratados internacionales de derechos humanos y con las raíces de la constitución de la propia Unión Europea.

La dificultad para conseguir el permiso de residencia y trabajo, los requisitos para su renovación, la pérdida del empleo o el trabajo en negro, son las principales causas de la irregularidad administrativa.

En Europa, el saldo de migración es negativo, es decir, hay más personas que salen de su país que extranjeros que llegan en 12 Estados. Según la CES, Europa necesita trabajadores y trabajadoras y denuncia que determinados sectores como la agricultura, la construcción o los trabajos de cuidado y servicio doméstico, ocupan en su mayoría a personas extranjeras, generalmente indocumentados, fomentando la explotación, la vulnerabilidad y la pobreza.

La realidad es que excluir a estas personas del sistema supone un mayor gasto que si pudieran regularizar su situación administrativa, al poder de esta manera cotizar y, por tanto, aportar al sistema. Cotizar es bueno para la empresa, para el trabajador o trabajadora y para la sociedad.

Por lo tanto, contar con vías sencillas de regularización evitaría que las mafias de tráfico de personas se sigan lucrando a costa de las necesidades humanas. La propia ley, en lugar de facilitar la regularización obliga a mantener la situación de irregularidad.

Lamentablemente, en una sociedad en crisis, en la que aumenta el racismo y la xenofobia o las agresiones por odio y la división de la sociedad, las personas migrantes son sobre quienes recaen las culpas de la falta de ayudas sociales, puestos de trabajo, del exceso de gasto en servicios públicos esenciales, etc., pero hay que reconocer que, durante los últimos años, han contribuido al mantenimiento de la Seguridad Social, han recortado el envejecimiento de la población europea, entre otros.

Las personas migrantes del mundo buscan un lugar dónde poder vivir y tener un futuro para ellos y sus familias. Hoy son ellos los emigrantes, pero mañana podemos ser nosotros. Como los casi 100.000 españoles que en 2015 tuvieron que abandonar España.

Es sencillo, contribuyamos entre todos a crear una sociedad más justa en la que todos y todas podamos disfrutar de las mismas oportunidades de futuro.