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El 131º Consejo Confederal de USO ha aprobado por unanimidad una resolución especial sobre la situación laboral y profesional del profesorado de Religión en los centros públicos, que se caracteriza por la máxima precariedad del colectivo, mayoritariamente formado por mujeres.

La resolución exige al Gobierno y al Ministerio de Educación que velen por que la asignatura de Religión se imparta en igualdad de condiciones que el resto de las materias curriculares: que tenga una carga horaria suficiente, que se imparta dentro del horario escolar, que sea evaluable y, dado su carácter de voluntaria, que tenga una asignatura alternativa para quienes no opten por cursarla.

También se solicita que “se garantice la estabilidad de las plantillas, fijando mediante normativa estatal el número de periodos lectivos y la plena integración del profesorado de Religión en los claustros educativos”, así como que se desarrolle el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de Religión, de forma que, además de reconocer su vinculación jurídica sujeta al Estatuto de los Trabajadores, se clarifique el carácter ordinario de dicha relación, tanto para su contratación como para su remoción, eliminando cualquier otra connotación que pueda dar lugar a la consideración de dicha relación como de “carácter especial”.

El Consejo Conferal de USO apuesta por la negociación de los convenios colectivos en aquellas comunidades en las que actualmente no están incluidos en ninguna norma convencional; y que se constituya la Mesa Negociadora con el Ministerio de Educación para el personal no transferido; así como facilitar la renovación o los ajustes de las plantillas mediante planes incentivados para el acceso de la jubilación a través de los diversos cauces que permite la ley.

Desde hace cuatro décadas, USO ha peleado por la dignificación de sus condiciones de trabajo, reclamando su consideración como trabajadoras, sus salarios y condiciones equivalentes al profesorado interino; su inclusión en la Seguridad Social y sus derechos a las prestaciones públicas; por su derecho a tener una representación sindical y a participar en las elecciones sindicales, como cualquier otro trabajador.

Las actuaciones legislativas desde la LOMCE, y su desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas, están llevando a que la asignatura esté perdiendo carga horaria hasta en un 50%, lo que supone una pérdida de profesoras contratadas de ese nivel o la reducción de las jornadas contratadas hasta la mitad. Además, el más reciente anteproyecto de Ley de Reforma de la LOE, presentado por el actual Gobierno, incorporaba unas modificaciones de la misma cuyas consecuencias supondrían la práctica desaparición de la asignatura en los centros y la consiguiente desaparición de los puestos de trabajo.

Las reducciones de jornada que se han venido produciendo en los últimos años están produciendo una degradación insostenible en las condiciones de trabajo que condenan a estas profesoras a la precariedad laboral, al tener que aceptar esas reducciones y ver cómo sus contratos se reducen hasta la mitad e incluso hasta un cuarto de la jornada habitual, y aún hasta horas sueltas. Esto conlleva las consiguientes pérdidas en bases y periodos de cotización, y las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social o, si no pueden seguir en esas situación, al abandono del trabajo sin despido ni derecho a indemnización o prestación por desempleo.