El Ministerio de Empleo, junto con las comunidades autónomas, ha acordado nuevas medidas de impulso a la Garantía Juvenil. Entre ellas, a partir de ahora las reducciones en la cotización a la Seguridad Social pasan a ser bonificaciones, afectando a las reducciones que se aplican a la tarifa plana de autónomos y a los contratos de formación y aprendizaje. Las ayudas no se cargarán al fondo de pensiones: se dejará de reducir los ingresos a la Seguridad Social y serán financiados por el SEPE, cofinanciado en un 93% por el Fondo Social Europeo.
Además, todo joven demandante de empleo que cumpla los requisitos que han sido modificados (ser menor de 30 años, llevar un día en el paro o sin formación) pasará automáticamente a estar inscrito en el sistema de Garantía Juvenil –curso, prácticas o trabajo durante un periodo de cuatro meses-, en un intento de ampliar el número de jóvenes inscritos.
Por otro lado, se ha decidido paralizar el cheque de formación para menores de 30 años que ni estudien ni trabajen para financiar el curso formativo de su elección, por el rechazo de sindicatos y gobiernos autonómicos ya que no garantizaba evitar el fraude ni contemplaba la necesaria orientación individualizada que precisa este colectivo para escoger correctamente su itinerario formativo.
Desde USO entendemos que esta revisión es fruto de las durísimas conclusiones que el informe de la Comisión Europea extrae de la gestión del Gobierno español de la Garantía Juvenil. USO ha denunciado reiteradamente que se ha desaprovechado la oportunidad que suponía la puesta en marcha en 2013 de la Garantía Juvenil, en la que España era uno de los países más dotados económicamente debido a sus altísimas tasas de desempleo joven.
La Comisión Europea, al revisar la aplicación de la Garantía Juvenil, ya que se va a producir una ampliación de 2.000 millones de euros de dicho plan, constata en su informe sobre España que casi el 90% de los potenciales destinatarios de la ayuda ni siquiera se han registrado en el programa y es probable que muchos ni siquiera conozcan su existencia. A lo que hay que añadir que el 62,3% de los jóvenes que se acogieron a la Garantía durante 2015 se quedaron otra vez sin empleo, prácticas o estudios apenas seis meses después.
Desde USO aplaudimos que el Gobierno coordine con las comunidades autónomas las nuevas medidas, ya que la aplicación de la Garantía Juvenil en España ha sido desigual y ha dependido de la voluntariedad de los diferentes gobiernos autonómicos. Pero de nuevo, desde USO lamentamos que no se haya contado con las propuestas o la opinión de las organizaciones de jóvenes o, como es habitual, con otras organizaciones sindicales que no sean las más representativas. Entendemos que en temas tan relevantes y necesitados de consenso y de propuestas como éste, no se debe aplicar el rodillo de un diálogo social excluyente y discriminatorio.
La juventud es uno de los colectivos más afectados por el desempleo, la precariedad laboral, la temporalidad, el abuso en la contratación, los bajos salarios, la falta de reconocimiento de la cualificación, etc. España sigue ocupando los primeros puestos en el ranking europeo de desempleo juvenil.
La situación que padecen los jóvenes es fruto del modelo productivo que provocó la crisis económica. Por un lado, tenemos a jóvenes sin cualificación que abandonaron sus estudios por un trabajo bien remunerado y que ahora se encuentran en desempleo. Por otro, está el colectivo de los sobre-cualificados que no encuentran un puesto de trabajo acorde con su formación o que, simplemente, no encuentran empleo y tienen que emigrar para buscar nuevas oportunidades fuera de nuestro país.
Por ello, desde USO exigimos políticas activas de empleo estable y de calidad para los jóvenes y potenciar la formación de los no cualificados para su inserción en el mercado laboral. Animamos también a todos los jóvenes a integrarse en nuestro sindicato, de una forma activa ya que son el presente y futuro de nuestra organización.
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