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Tras 24 horas maratonianas de reuniones con diferentes estamentos de la Administración y del partido de Gobierno, el Partido Socialista, el comité de empresa de Alcoa en Avilés le ha arrancado al Ministerio de Industria, representado por su secretario general, Raül Blanco, el compromiso de aumentar hasta 200 millones de euros la compensación de los costes indirectos de CO2, después de descartar la aprobación, en el último Consejo de Ministros de la legislatura, del Estatuto para las empresas electrointensivas.

“En marzo habían aprobado 91 millones para rebajar la factura eléctrica, procedentes del dinero que las propias empresas pagan por costes de CO2. Ahora se han comprometido a aumentar esa partida hasta los 200 millones, el máximo permitido por la Unión Europea para este año”, explica Alberto Grijalbo, secretario del comité de empresa de Alcoa en Avilés y secretario general de USO-Alcoa.

El 26 de abril había sido la fecha fijada hace semanas para aprobar el Estatuto, pero la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia emitió el 9 de abril unas alegaciones desfavorables sobre el borrador que, “según nos ha explicado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se presentaron al día siguiente en Bruselas y la Unión Europea confirmó que no lo daría de paso. Sin embargo, echamos de menos que no se nos informara directamente de que no iba a aprobarse en la fecha comprometida, sino que lo supimos por una nota de prensa de la propia CNMC”, continúa Grijalbo.

Aun así, el comité se muestra “satisfecho con el compromiso adquirido en persona por el secretario general de Industria, Raül Blanco”, en sede de Delegación de Gobierno en Oviedo, y que ya había sido señalado como la única vía urgente posible por el presidente del Principado, Javier Fernández, y el consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola, en una reunión mantenida a mediodía con los responsables de las Federaciones de Industria y las Uniones de los tres sindicatos implicados en Asturias: USO, CCOO y UGT.

Ahora, los representantes de los trabajadores esperan contar con una oferta en firme antes del 31 de mayo, que deje un margen de un mes para negociarla, y mantener la actividad y todo el empleo a 1 de julio.