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Finalizado el 26 de abril el plazo establecido por el Gobierno para realizar el desarrollo legislativo comprometido en el RD-Ley 20/2018, por el que se publicaría el Estatuto para la Industria Electrointensiva, hemos podido comprobar, una vez más, cómo el Gobierno ha incumplido este compromiso, dejando de lado a un sector estratégico y esencial para la política industrial de nuestro país.

Este Estatuto, esencial para el futuro de empresas como Arcelor, Ferroatlántica, Grupo Celsa, Alcoa, Asturiana del Zinc, Sidenor o Acerinox, entre otras muchas, que se esperaba que resolviera los problemas del pasado con respecto a la regulación de la tarifa eléctrica, la ruleta rusa de la subasta de interrumpibilidad, los contratos bilaterales con las empresas de generación e incluso la compensación por emisiones de CO, queda ahora en papel mojado.

En el camino, muchas promesas y tiempo invertido por todos los interlocutores, tiempo que, por ejemplo, no tienen las 686 familias de Alcoa de las plantas de Avilés y A Coruña, que confiaban en la publicación de un marco regulatorio estable que animara a posibles inversores a continuar con la actividad productiva y, por tanto, a garantizar el empleo, antes del próximo 30 de junio.

De nada sirven las excusas mostradas por parte de miembros del Gobierno, especialmente del secretario general de Industria, Raül Blanco, y de la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, achacando a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia un problema que debería haber quedado resuelto hace mucho tiempo, si hubiera existido la voluntad política para querer hacerlo.

De las múltiples reuniones convocadas por el Gobierno para justificarse, queda en el aire un nuevo compromiso: “aumentar los 91 millones aprobados en marzo al máximo permitido por la UE, 200 millones, para rebajar la factura eléctrica, procedentes del dinero que las propias empresas pagan por costes de CO2”; eso sí, “si en las elecciones generales obtienen una mayoría holgada”.

Para Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de la Federación de Industria de USO, “esto es una tomadura de pelo, ya que no solo no cumplen con lo prometido, sino que insisten en hacer nuevas promesas para mantenernos callados antes de las elecciones generales. Esta medida en concreto ya la propusimos nosotros en la Comisión de Seguimiento y fue rechazada por el propio Raül Blanco”.

Desde la FI-USO, “queremos mostrar nuestro malestar, rechazando la actitud del Gobierno, y remarcar nuestro fiel compromiso de seguir trabajando de manera incansable para proporcionar la estabilidad necesaria, tanto a la industria electrointensiva como a los miles de trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad profesional en ella”.