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En la Asamblea de Madrid ha tenido lugar una comparecencia en la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de Santiago González, como representante de la Plataforma de Justicia Fiscal y portavoz de USO en la misma, para conocer sus opiniones de la situación del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid.

El representante de la Plataforma de la Justicia Fiscal señaló que el sistema fiscal español y madrileño no es suficiente (la presión fiscal es de cinco a siete puntos menos que la media de los países europeos), recauda menos que las necesidades públicas y de ahí el déficit público. No es equitativo como se aprecia en la elusión fiscal de las multinacionales y el fraude que los papeles de la Castellana o de Panamá han dado a conocer, los datos de la amnistía fiscal o la lista Falciani. Pero también, hay que señalar la bonificación madrileña del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio.

El sistema fiscal español está sufriendo una erosión de la progresividad. Aumentan los tipos de IVA y disminuyen los tipos del IRPF. Se mantiene la dualidad del IRPF (doble escala para las rentas procedentes del trabajo y del capital, siendo la primera progresiva y la segunda topada con un tipo del 23% a partir de los 50.000 euros de ingreso), o la ya mencionada bonificación total en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP).

El representante de la Plataforma de la Justicia Fiscal señaló que la Comunidad de Madrid es la única de España que tiene esa bonificación del 100 por cien de la cuota del IP y deja de recaudar unos 800 millones de euros. Pero, además de que la Comunidad de Madrid no ingrese ese importe, supone una falta de control patrimonial que afecta a la lucha contra el fraude y provoca un dumping fiscal a las otras comunidades autónomas porque se producen cambios artificiales de domicilio fiscal de personas y obliga a esas otras comunidades a rebajar la imposición e ingresos.

Todo esto, cuando en la Comunidad de Madrid hay un 19% de la población en riesgo de pobreza, limitaciones en los presupuestos educativos, sanitarios, de dependencia o en inversión. El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid y los partidos que le apoyan, con esa bonificación del impuesto sobre el patrimonio propicia que cerca de 2.900 personas con un patrimonio superior a 6 millones de euros, nada de clase media o trabajadora, dejen de pagar más de 400 millones de euros. Después de estos datos, no es de extrañar que más del 86% de las personas encuestadas por el CIS consideren que los impuestos no se cobran con justicia.

El portavoz de la Plataforma por la Justicia Fiscal reclamó al legislativo madrileño que eliminen esa bonificación y mejoren la suficiencia, equidad y progresividad para el bien de la ciudadanía madrileña y española.

Los portavoces de los diferentes grupos políticos de la Asamblea de Madrid, Álvaro César Ballarín, del PP; Eduardo Gutiérrez, de Podemos; María Reyes Maroto, del PSOE, y Susana Solís de Ciudadanos, mostraron su contrariedad o apoyo con estas manifestaciones del portavoz de la Plataforma de la Justicia Fiscal. El PP insistió en que Madrid crece y atrae inversiones y se está bien así. Podemos, que fue el grupo que pidió la comparecencia, protestó por la falta de transparencia y la opacidad de los datos fiscales de la Administración madrileña y reclamó que se eliminase la bonificación. El PSOE también reclamó el fin de la bonificación y se quejó de deducciones y exenciones que establece el Gobierno madrileño que su eliminación mejoraría la capacidad de políticas sociales. Ciudadanos se amparó en un acuerdo de legislatura con el PP que establece no subir impuestos (cuestión que no impediría quitar la bonificación al Impuesto sobre el Patrimonio, le dijimos desde la tribuna), pero sí que son partidarios de una armonización fiscal en el territorio español que, con su apoyo al PP, no se da en el caso madrileño.