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Seis años después del inicio de la crisis se prevé que arranque el Plan de Empleo Juvenil. Para la USO es “una muestra fehaciente de la poca agilidad política y de la falta de rapidez de reacción común de la Unión Europea”. El desempleo juvenil es uno de los problemas más acuciantes a medio y largo plazo, España junto con Grecia encabeza el ranking europeo.

La amenaza de una generación perdida de jóvenes sin empleo y con muy pocas posibilidades de emanciparse se cierne sobre Europa desde hace años, ya en 2010 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó sobre ello. A pesar de ello, no es hasta junio de 2013 con 5,5 millones de jóvenes en desempleo, cuando el Consejo Europeo aprobó el Plan de Garantía Juvenil por un importe de 6.000 millones de euros y para un periodo de 7 años. Desde USO consideramos que “tanto la financiación, a todas luces insuficiente, como la lentitud en su puesta marcha, desvelan el espíritu puramente cosmético de este plan y exigimos medidas contundentes para la generación de empleo digno y de calidad para nuestros jóvenes.”

España es uno de los países de la UE con mayor cifra de desempleo juvenil. Si no es más alta es por la emigración continua de jóvenes a otros países que alivian las tristes estadísticas. El Consejo Europeo aprobó, en junio de 2013, el Plan de Garantía Juvenil por un importe de 6.000 millones de euros y para un periodo de 7 años.

Además de este Plan, regiones de 20 Estados miembros pueden optar a una financiación adicional con la Iniciativa sobre Empleo Juvenil debido a su elevada tasa de desempleo joven (superior al 25%). Los Estados han de contribuir con un importe, al menos en la misma cuantía, procedente de su dotación del Fondo Social Europeo. Se quiere acelerar su utilización contable distribuyendo anticipadamente los 6.000 millones de su presupuesto en el periodo 2014-15 en vez de a lo largo de los siete años de vigencia del marco financiero plurianual, 2014-2020. En el caso de España, la dotación específica de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil supondría 1.887 millones de euros. Pero tal y como funciona el mecanismo de los FSE, liquidación de los mismos tras justificación del buen uso de ellos, los Estados tendrán que anticipar el dinero por lo que podría afectar al déficit y llevarles a gastar menos de lo necesario.

El Plan consiste en la obligación de los Estados en procurar a todos los desempleados menores de 25 años a encontrar empleo, formación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la formación formal o quedar desempleados. Es un intento de evitar la pérdida de una generación de ni-nis. Pero también elude el problema previo de la falta de estructura económica en los países y la necesidad de unos planes de reactivación económica en Europa.

Ha sido a finales de 2013 cuando el Gobierno español ha presentado su Plan ante los rectores europeos, que está siendo evaluado y se presume que tardará algunos meses en su puesta operativa. Este Plan de aplicación de la Garantía Juvenil debe especificar cómo se organizará la asociación entre las autoridades públicas, servicios de empleo, interlocutores sociales, centros de formación, etc. Se pondrá en marcha por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de un registro telemático específico para los jóvenes afectados.

La ministra de Empleo, Báñez, ha presentado el Plan español y las reformas legislativas previstas paralelamente como la reducción de la tipología de contratos laborales, en cuatro líneas: La primera es mejorar la intermediación, y contendrá acciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo. Igualmente se avanzará en la modernización de los servicios públicos de empleo y se ampliará el campo de actuación de las agencias de colocación y ETT, así como los programas de intermediación entre educación y empleo. La segunda línea está orientada a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes. Para ello se abordarán programas de segunda oportunidad, para los jóvenes que abandonaron de forma prematura sus estudios, formación con compromiso de contratación, formación especialmente en idiomas y nuevas tecnologías y también en tecnologías de la información y prácticas no laborales en las empresas. De la misma manera, se seguirá impulsando a través de este programa la formación profesional dual a través del contrato de formación y aprendizaje y, en el ámbito educativo, la formación para la obtención de certificados de profesionalidad y la evaluación y acreditación de competencia profesionales, con un incierto control de abusos en las prácticas laborales y becas de colaboración. Como tercer bloque de medidas, y para favorecer la contratación, se ahondará en la rebaja de cotizaciones sociales por la contratación de jóvenes a través de reducciones y bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social de hasta el cien por cien, sin especificar de momento si esas gasto social será cubierto por el resto de las cotizaciones o con una aportación presupuestaria.

Igualmente, en coordinación con las comunidades autónomas, se instrumentarán ayudas al empleo para la contratación de jóvenes durante un periodo superior a seis meses. Finalmente, la cuarta línea de actuación contiene las medidas destinadas a favorecer el emprendimiento y el autoempleo, y en ese ámbito se seguirá con el desarrollo de la tarifa plana para autónomos, la compatibilización de la prestación por desempleo y el inicio de una actividad emprendedora, la capitalización de la prestación por desempleo y también los programas de segunda oportunidad para emprendedores. También se seguirá ahondando en el fomento de la cultura emprendedora, el asesoramiento y orientación de los emprendedores a través de oficinas de referencia y las ayudas al autoempleo.