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Tal y como se contempla en el Proyecto de la Ley Celaá, la Educación Especial deberá desaparecer en un periodo de 10 años para integrarse en la Educación ordinaria. Sin embargo, como escribe Antonio Amate, secretario general de FEUSO, en un artículo publicado en el periódico Magisterio, en paralelo a esta decisión, “se ha producido la movilización sin precedentes de una inmensa mayoría de las familias, centros, profesorado y especialistas afectados por esta medida de manera espontánea y masiva en defensa de la mejora del actual modelo con el que se imparte la Educación Especial bajo el lema integrador “Educación Especial sí, Inclusión también”.

Amate defiende en este artículo que 300.000 firmas dicen hoy no al final de la Educación Especial porque “la inclusión educativa es un modelo educativo que hay que aplicar con prudencia y proporcionalidad para que no se vuelva en contra de los 37.000 alumnos que están hoy escolarizados en los centros de Educación Especial. Y la gran mayoría de ellos, representados por sus familias, no se sienten ni discriminados ni excluidos, sino reconocidos y agradecidos por la labor que prestan en ellos su profesorado y sus especialistas”.

Y dedica un apartado de este texto a defender la gran labor que realizan los profesionales de la Educación Especial, cuyo futuro laboral “ha sido cuestionado y amenazado ante la inminencia de un proceso de transformación que desconocemos, pero que tendrá efectos sustanciales y modificará sin duda el actual marco laboral”.

Para concluir, Amate sentencia “a todo esto hay que darle otra vuelta si se pretende conseguir el consenso necesario para obtener el bien necesario en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad”.