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La declaración jurada de los candidatos a interinos en el SEPE podría derivar en responsabilidades penales y tienen que declarar no tener covid-19 sin poder acceder a un test

El SEPE ha procedido a reforzar las plantillas y realizar contrataciones de interinos a través de sus bolsas de empleo para agilizar los trámites de los ERTE y las prestaciones que de ellos se derivan durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, para hacerlo, está obligando a todos los aspirantes a firmar una declaración jurada por la cual certifican que “ni ella misma ni ninguna de las personas con las que convive pertenece a ningún grupo de riesgo frente al covid-19. Y, en particular, que no se encuentra en situación de embarazo, enfermedad crónica respiratoria, inmunodepresión, edad avanzada o haber sufrido infartos”.

La declaración se extiende a que “no concurra ninguna causa de fuerza de mayor que les impida el desempeño de su trabajo”. Por último, los aspirantes deben tener a una tercera persona que pueda cuidar a quienes estén a su cargo, menores o personas mayores.

“Aunque podemos entender el fondo de esta petición, no incorporar a personas que puedan ser un riesgo para la plantilla y viceversa, no es comprensible ni la fórmula ni la descarga de responsabilidades hacia el aspirante. El SEPE no ha hecho una sola prueba de covid-19 a su funcionariado, ¿debería darle una declaración jurada al nuevo trabajador de que ninguno de sus compañeros está contagiado? Alguien que está en su casa no puede saber con certeza si porta o no el coronavirus o si convive con algún enfermo de covid-19. En ese caso, el SEPE debería garantizar la prueba. Además, de una declaración jurada se pueden desprender responsabilidades penales. Sin embargo, es imposible que el candidato sepa si lo que está declarando es cierto”, argumenta Luis Deleito, secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO.

El SEPE obliga a extender la declaración jurada de los futuros interinos a terceras personas

La exigencia para incorporarse al SEPE es aún más grave “si tenemos en cuenta que se le pide al aspirante que haga una declaración sobre terceras personas para acceder a un puesto de trabajo. El tener a menores o a mayores a su cargo es una clara discriminación de acceso que no puede consentirse en ninguna empresa y mucho menos en la Administración. Una discriminación que, mayoritariamente, recae en las mujeres. El SEPE no está prestando un servicio de atención al público, su obligación es facilitar la incorporación de los aspirantes por orden de méritos y fomentar su teletrabajo”, continúa Deleito.

FAC-USO exige, además, que quien no pueda atender a la llamada de incorporación urgente actual por causas debidamente justificadas no pierda sus derechos y su posición en la bolsa de empleo, pues se abriría una nueva vía de discriminación.