Salud laboral

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confirma una sentencia que reconocía indemnizaciones a personas expuestas al amianto al vivir en las proximidades de la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallès

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que reconocía indemnizaciones por exposición al amianto en las proximidades de la fábrica de Uralita en Cerdanyola del Vallés. La indemnización irá a parar a un grupo de víctimas y familiares de Ripollet y Cerdanyola, considerada la zona cero del amianto.

Allí se instaló, durante buena parte del siglo XX, la fábrica más grande de Uralita. Cerdanyola del Vallès es, según los neumólogos, la ciudad española con más prevalencia de mesotelioma. Pero también existen otras zonas como los barrios de Santa María de Benquerencia, en Toledo; Altza, en San Sebastián o en Getafe, en el Polígono San Marcos, donde los vecinos conviven hace décadas con un enorme vertedero de la fábrica de Uralita, con 150.000 m3 de residuos con amianto. En todas ellas, la ciudadanía exige soluciones a los diferentes gobiernos desde la prohibición de su utilización en el año 2001.

De igual forma, el amianto se ha utilizado masivamente en astilleros, grandes industrias siderúrgicas de Euskadi, Asturias e incluso en los estudios de RTVE de Prado del Rey y el Metro de Madrid.

Efectos nocivos del amianto sobre la salud

El amianto se usaba para montar tejados y cubrir tuberías y canalones. Sus efectos nocivos se sabían desde los años 40, pero no fue hasta 1977 cuando la OMS lo consideró un cancerígeno.

El amianto tiene un período de latencia de entre 20 y 40 años. Basta inhalar fibra para desarrollar una enfermedad respiratoria, como la asbestosis o el cáncer.

Hasta 2016 se identificaron 811 personas afectadas por enfermedades relacionadas con el amianto: un 66,7% por exposición laboral; un 32,3%, por exposición no laboral; 14,9%, cohabitantes y 17,4%, vecinos de las fábricas.

Todavía nos queda tiempo para convivir con el amianto, hasta que los productos o aplicaciones que contienen este cancerígeno lleguen al fin de su vida útil. Seguramente, unos 40 años en términos generales. Se calcula que un 65% de esos materiales o aplicaciones ya habría sobrepasado ese periodo, y en 2030 lo hará más del 80%. Mientras tanto, el amianto que contienen se va desprendiendo y billones de fibrillas cancerígenas microscópicas pasan al aire, al suelo o al agua.

Ley Integral del Amianto

Desde USO solicitamos que se articule una Ley Integral del Amianto que no sólo contenga la prohibición de su utilización, sino que establezca cómo será la protección de la salud pública. Esta ley deberá permitir el desarrollo de acciones para dar fin al uso del asbesto, como la limpieza y rehabilitación medioambiental de las áreas gravemente afectadas por las actividades mineras e industriales; el censo de edificios públicos y residenciales con amianto; el control y la formación profesional para los agentes involucrados en las actividades de retirada y gestión.

Actualmente, los trabajos de retirada y gestión no son debidamente controlados por la Administración, no se realizan conforme a lo ordenado por la Directiva europea 2003/18/CE. Esto incide negativamente en la salud de las personas trabajadoras de ese sector.