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Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2018 se registraron 1.833 procedimientos por delitos sexuales cometidos por menores, 447 más que en 2017, lo que supone un aumento del 32%. Son delitos que, lejos de ir decreciendo, van aumentando año a año. En los últimos cuatro años, el incremento ha sido del 69,9%.

Baleares es la comunidad autónoma con mayor índice de delitos sexuales cometidos por menores de edad en 2018, con 32 casos por cada 10.000 habitantes, con 152 hechos de dicha índole registrados por la Fiscalía General del Estado; la sigue Asturias, con 19 casos; Canarias sumó 17, y la Comunidad Valenciana, 16. Por otro lado, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha son las comunidades autónomas con menor número de casos, con 5 delitos sexuales cometidos por menores en cada una de ellas.

El número de condenas por este tipo de delitos también ha crecido en un 20%, con 323 menores condenados, según los últimos datos oficiales del INE y del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Tampoco entre los menores nos libramos de las actuaciones grupales en delitos de naturaleza sexual, por efecto contagio, emulando situaciones por todos conocidas, y que se reproducen en las películas pornográficas. La pornografía es la propaganda de las agresiones sexuales, y hemos pasado de un acceso a la misma más o menos limitado, a ser totalmente accesible a través de internet, a menores que creen que eso son las relaciones sexuales “reales”.

Las personas que consumen pornografía, hombres mayoritariamente, exigen a las mujeres que cumplan sus fantasías. La violencia en la pornografía va en aumento; es, por tanto, una escuela de discriminación y desigualdad, y de desinformación. Elementos que se introducen en la pornografía se ven reproducidos en la vida real, como los episodios de violencia sexual en grupo, por lo que existe una relación directa entre la pornografía y la violencia sexual. No tenemos datos de los delitos en grupo, pero existe el proyecto Geoviolencia sexual, de Feminicidio.net, que ha contabilizado 147 casos en España desde 2016: de los 512 agresores, 124 eran menores cuando tuvieron lugar las agresiones, uno de cada cuatro.

Por otro lado, están las víctimas menores de delitos de carácter sexual. Para protegerlas, el 1 de marzo de 2016 entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales. En él se registran los datos de identidad y el perfil genético (ADN) de las personas condenadas por delito contra la libertad e indemnidad sexuales y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.

Su finalidad es proteger a los y las menores, como mecanismo de prevención, evitando que personas que han sido condenadas por sentencia firme por algún delito sexual no puedan realizar actividades ni ejercer profesiones u oficios que impliquen el contacto habitual con menores, mediante la emisión del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, certificación gratuita y que acredita la carencia o no de delitos de dicha naturaleza.

El anteproyecto de ley para la protección integral de la infancia, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado, aún sigue sin ser aprobado por los vaivenes políticos que está sufriendo nuestro país. Por ello, desde USO consideramos de especial importancia que se introduzca en nuestro ordenamiento jurídico esta ley y sean asumidos por España los compromisos para la protección integral de la infancia y la adolescencia, teniendo en cuenta que muchos de estos menores se encuentran en situaciones de violencia sexual en el ámbito familiar o de la educación, que para ellos pueden ser consideradas como normales.