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Coincidiendo con la celebración del Foro Económico Mundial en Davos 2020, la campaña ‘No a los Tratados de Comercio e Inversión’, coalición de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y sindicatos, en la que participa USO, ha entregado en el Congreso de los Diputados, las más de 685.000 firmas recogidas en 2019 por la iniciativa europea ‘Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales. Stop ISDS’.

Con estas firmas se pide a los grupos parlamentarios y al Gobierno que escuche las demandas de las miles de personas y se solicita la eliminación de todos los tratados de comercio e inversiones que contengan el mecanismo ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS), es decir, el fin de los privilegios para las multinacionales y su sistema de justicia paralela. También se ha exigido normativa para controlar que las empresas españolas no vulneren los derechos humanos y destruyan el medio ambiente.

ISDS, tribunales de arbitraje
Recordemos que el ISDS es un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos ante tribunales de arbitraje por llevar a cabo legislaciones que puedan afectar sus beneficios económicos, socavando con ello la soberanía de los Estados. España es el país de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), un total de 51, 47 de las cuales se han llevado a cabo en virtud del TCE.

Aunque dichas demandas se han producido en el contexto del recorte de España a las instalaciones de energías renovables, ya existen casos que muestran cómo este tratado puede ser utilizado contra Estados que adopten necesarias y urgentes medidas de transición ecológica, como por ejemplo las demandas anunciadas recientemente por las compañías Uniper/Fortum y TWE contra Holanda por aprobar una ley para prohibir la quema de carbón en la la producción de electricidad.

Todas estas presentes y futuras demandas pueden traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores, en vez de dedicarse a medidas sociales de transición justa. Por ello, más que nunca, la emergencia climática hace necesaria la salida de España del TCE y la terminación de cualquier tratado que contenga dicho mecanismo.

Normativa para acabar con los crímenes corporativos
En su lugar, la iniciativa exige un tratado internacional vinculante sobre derechos humanos y empresas, acompañado de legislación a nivel europeo y estatal, que permita juzgar a las empresas transnacionales por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde operen.

En 2018, 321 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales fueron asesinadas por oponerse a abusos corporativos. A día de hoy, sin embargo, las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos cometidas por las transnacionales no logran acceder a la justicia.

El nuevo Gobierno debe hacer de la protección de los derechos humanos y del medioambiente una prioridad allí donde operen sus multinacionales. Para ello, deberá implicarse de forma constructiva y proactiva en el proceso de elaboración de un Tratado Vinculante de la ONU y promover de manera inmediata la elaboración de una ley a nivel estatal a semejanza de la francesa.