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Naciones Unidas ha emitido un demoledor informe sobre la situación de las mujeres en España, a través del “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica”, de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) con sede en Ginebra, órgano independiente formado por personas expertas que actúan a título individual y que no reciben salario por su trabajo. En él se insta al Estado español a que cumpla sus compromisos internacionales en materia de igualdad de género ante los alarmantes retrocesos producidos en los últimos años.

Este Grupo encabezado por la presidenta-relatora, Frances Raday y Eleonora Zielinska visitó España entre el 9 y el 19 de diciembre de 2014, con el objetivo de evaluar los progresos realizados en la discriminación en todos los aspectos de la vida de las mujeres en nuestro país. Tras reunirse con varias organizaciones de la sociedad civil y representantes de distintas administraciones públicas del Estado y Comunidades Autónomas (Andalucía, País Vasco y Navarra), analizó la situación de España desde distintos puntos de vista.

En el marco jurídico e institucional, el Grupo ha calificado el marco legislativo, normativo e institucional como admirable para promover la igualdad y la no discriminación. España ha ratificado la mayoría de tratados internacionales y regionales de derechos humanos y laborales y sus protocolos facultativos, salvo la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, el Convenio sobre Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la OIT y la versión revisada de la Carta Social Europea.

Sin embargo, en el marco institucional, el Grupo sigue preocupado por el hecho de que la transformación del Instituto de la Mujer pueda debilitar aún más la atención prestada a la vigilancia y eliminación de la discriminación contra la mujer. Además no está convencido de que las asignaciones presupuestarias para garantizar los derechos de la mujer a la igualdad sean suficientes, y le preocupa que sea más difícil elaborar presupuestos transparentes con una perspectiva de género. En este sentido señala al Estado como responsable de garantizar, mediante la coordinación efectiva de los mecanismos y estructuras correspondientes en todos los ámbitos, el logro de los resultados uniformes en la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Participación de la mujer en la vida económica y social
En el ámbito de la participación de la mujer en el mercado de trabajo el Grupo ha reseñado que aunque la participación de la mujer en el mercado de trabajo ha aumentado del 37,66% en 1995 al 53,29% en 2013, la tasa de empleo a tiempo completo es inferior a la media de UE ya que las mujeres representan el 70% de todas las personas que trabajan a tiempo parcial, principalmente porque no pueden encontrar un trabajo a tiempo completo, no porque ellas lo decidan como ha justificado el Gobierno español ante el examen de la ONU. Las diferencias salariales por razón de sexo se sitúan en un 17,8% y superan el promedio de la UE, mientras que el ascenso de la mujer en puestos directivos es inferior a la media de la UE.

En cuanto a la participación de las mujeres en la adopción de decisiones económicas, el informe señala que a pesar de la Ley de Igualdad de 2007, de las 35 empresas que cotizan en Bolsa (IBEX 35) en 2014, un 18,2% de los miembros del consejo eran mujeres, en comparación con un 12,1% en 2011. Dado que la medida es voluntaria para las empresas, muchas no han establecido medidas para alcanzar ese 40% de mujeres, y la Ley de Sociedades de Capital de 2014 no aborda esta cuestión.

Las medidas de austeridad introducidas en respuesta a la crisis económica y financiera han tenido unas repercusiones graves y desproporcionadas sobre las mujeres, que se han traducido en la congelación del salario mínimo, que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, que se concentran en los sectores peor remunerados; en recortes y restricciones en la aplicación de la Ley de Dependencia, que ha supuesto una carga adicional para las familias, y en particular las mujeres; recortes en los servicios de atención infantil, como las guarderías y los comedores escolares, por lo que se ha privatizado la carga de la prestación de cuidados, entre otros aspectos.

Educación, cultura y estereotipos
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha exhortado a España a que redoble sus esfuerzos para eliminar las imágenes y actitudes estereotipadas sobre el rol de la mujer de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad, y lleve a cabo programas específicos en el sistema educativo, incluida la educación en materia de derechos humanos y la divulgación de la Convención, la revisión de libros de texto y planes de estudios, y la capacitación de maestros.

Asimismo, el Grupo opina que es importante hacer frente a la disparidad observada en las escuelas entre el rendimiento académico de las mujeres y su acceso a oportunidades económicas mediante la eliminación de los estereotipos en el sistema de enseñanza y la prestación de servicios de orientación profesional a niñas.

Con respecto a la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, el Grupo de trabajo cree que esta es una medida retrógrada en el esfuerzo general por eliminar los estereotipos de género discriminatorios y empoderar a las niñas, y considera que la enseñanza de las cuestiones de género en las clases de ciencias sociales y naturales no es una solución adecuada.

Violencia contra la Mujer
En cuanto a la violencia contra la mujer, el Grupo aprecia el marco normativo progresista de la Ley contra la violencia de género y el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), establecido por el Ministerio de Interior. Por otro lado lamenta que la Ley contra la violencia de género no incluya otro tipo de violencias, como los cometidos por los cuidadores, la violencia policial, la violencia en los espacios públicos, el lugar de trabajo y las escuelas, y el acoso de las mujeres defensoras de los derechos humanos.

Salud y Seguridad
Ante la retirada por Decreto-ley de la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular, que ha repercutido de forma desproporcionada en las mujeres, privadas de servicios médicos gratuitos, que pueden ser fundamentales para la detección de violencia de género, el Grupo celebra que algunos gobiernos autonómicos (Andalucía, Cataluña y País Vasco) hayan solicitado la anulación del Decreto-ley, y que Andalucía haya establecido un mecanismo para mantener el acceso gratuito y universal a la atención sanitaria.

Participación de la mujer en la vida política y pública
El Grupo de Trabajo acuerda que el índice de participación de las mujeres en la Cortes Generales, del 37,5%, es uno de los más altos del mundo. Sin embargo, en otras esferas de la vida política y pública, en particular en los niveles más altos de la administración local, autonómica y central, en la judicatura o en el servicio diplomático, la realidad es bien distinta.

Recomendaciones
En términos generales, el Grupo de Trabajo, refiriendo su preocupación por los retrocesos sucedidos y la falta de medidas encaminadas a la lucha contra la discriminación por motivos de género, recomienda al Estado español:

  • Ámbito institucional

1. El cumplimiento de los convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español en el marco de la igualdad de género y la no discriminación.
2. La recuperación del Instituto de la Mujer como organismo especializado dedicado a los derechos de la mujer.
3. La evaluación de las leyes y programas para la igualdad de las mujeres y la superación de la violencia de género.

  • Participación de las mujeres en la vida económica y social

1. La eliminación de barreras para la participación de la mano de obra femenina.
2. La reimplantación de los niveles mínimos de protección para todos los tipos de atención a la dependencia.
3. El incremento de la participación de las mujeres en la iniciativa empresarial y toma de decisiones económicas.
4. La realización de estadísticas desagregadas por sexos en todos los aspectos laborales en los servicios públicos y privados.
5. La ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y Trabajadores
Domésticos para la protección de los derechos de las personas empleadas en el hogar.
6. La evaluación del impacto de los derechos humanos, incluido el impacto de género, en cuanto a las consecuencias que han generado las medidas de austeridad fiscal.

  • Educación, cultura y estereotipos

1. La revisión de los libros de texto y planes de estudio, para la eliminación de los estereotipos de género.
2. El diseño, en colaboración con la comunidad gitana, de mejores políticas de integración para la educación de las niñas.
3. La reimplantación de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en todo el estado como asignatura obligatoria.
4. La realización de investigaciones sobre las causas de la persistencia de estereotipos de género.
5. La necesidad de combatir los estereotipos de género en los medios de comunicación, televisión, páginas web, etc.

  • Violencia de Género

1. La ampliación de todas las formas de violencia contra la mujer (no sólo en el entorno de la pareja o expareja) en cuanto a las medidas preventivas, procesales, punitivas y protectoras
de la Ley Orgánica 1/2004.
2. La ampliación del sistema VioGen para que abarque todas las formas de violencia contra la mujer.
3. La aplicación urgente de todas las recomendaciones del Comité de la CEDAW sobre el caso de Ángela González Carreño.
4. La garantía de que no se otorguen derechos de visita sin supervisión a los padres cuando pueda suponer un riesgo para los derechos, el bienestar y la seguridad de la víctima o de sus hijos/as.
5. La realización de programas de formación en violencia de género para todo el personal relevante de todas las instituciones, incluido el poder judicial.
6. La evaluación de la LO/2004
7. La necesidad de priorizar los esfuerzos hacia grupos vulnerables de mujeres: mujeres en situación administrativa irregular o posibles víctimas de trata.

  • Salud

1. Garantizar la cobertura médica universal para todas las personas.

  • Participación en la vida pública y política

1. La aplicación de medidas especiales para alcanzar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la administración pública.
El análisis pormenorizado realizado por el Grupo de Trabajo en su Informe, en relación a la situación de la igualdad de género en España, así como las conclusiones y recomendaciones que aportan, constatan el desmantelamiento de las políticas de igualdad de género en nuestro país, tal y como la Plataforma CEDAW Sombra España denuncia en su Informe Sombra ante el Comité de la CEDAW y sobre el cual éste tendrá que pronunciarse en los próximos meses.

A pesar de los avances logrados en cuanto a la incorporación efectiva de la mujer en los distintos espacios económicos, laborales y públicos alcanzados en los últimos 25 años de la historia de España, persisten las desigualdades y diferencias entre hombres y mujeres. Desde USO reclamamos que para conseguir una sociedad más democrática, justa, cohesionada e igualitaria, en la que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, se debe potenciar la corresponsabilidad, la educación igualitaria, la ruptura de los estereotipos de género. Por lo que seguimos exigiendo políticas de creación de empleo digno, la inversión en políticas sociales e iniciativas legislativas a favor de la igualdad efectiva.