La Plataforma por las Empresas Responsables, de la que USO es miembro, exige una ley de diligencia debida responsable con los derechos de los pueblos indígenas
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) llama la atención sobre los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente que sufren comunidades y pueblos indígenas por la actividad de empresas irresponsables. La Plataforma por las Empresas Responsables recuerda la importancia de contar con una ley nacional de debida diligencia que proteja a las personas y a los ecosistemas de prácticas empresariales irresponsables.
Muchas empresas multinacionales, especialmente empresas constructoras, energéticas, extractivas y agroalimentarias, desarrollan su actividad en terceros países. En contextos, además, donde los derechos humanos y el medio ambiente no se encuentran debidamente protegidos por la legislación. Mientras algunas empresas hacen las cosas bien, otras muchas se benefician causando deforestación, acaparamiento de tierras, impedimentos de acceso al agua y al territorio. Todo ello, sin consecuencias para las empresas, en lugares donde las comunidades locales se ven impotentes para acceder a la justicia y reclamar daños y perjuicios.
Abusos de derechos de pueblos indígenas de empresas españolas
En España, organizaciones de la PER, como Alianza por la Solidaridad-ActionAid, han documentado casos en los que los derechos de los pueblos indígenas han sido vulnerados sin consecuencias para las empresas españolas.
Tal es el caso del pueblo indígena Q’eqchí, en Guatemala. Allí, la falta de un estudio de impacto ambiental del conjunto del complejo hidroeléctrico RENACE y la no realización de una consulta previa, libre e informada sobre sus bienes naturales, ha permitido a la empresa Cobra-ACS llevar a cabo el proyecto sin la debida diligencia requerida, como fue confirmado por el Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Tal situación provocó el colapso del cauce del río Cahabón, que afectó a una población de 29.000 indígenas Q’eqchí.
También está el caso de la empresa Agrogeba, por acaparamiento de tierras en las comunidades de Sare Djae, Campampe y Sintcham Ioba, en Guinea Bissau. Estos casos y otros más se encuentran recogidos en el dossier “Casos recientes de abusos de empresas españolas”, que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera derechos de las personas (muy especialmente de las mujeres) e impacta negativamente en el medio ambiente.
Una ley imprescindible de diligencia debida
Para evitar que esto ocurra, España debe aprobar sin dilación una ley de debida diligencia empresarial para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Una ley que obligue a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor. Esos planes deben ser transparentes e independientes, y garantizar que, en caso de ser necesario, las personas afectadas puedan acceder a justicia y reparación.
Otros países, como Francia, ya cuentan con una ley de este tipo. Gracias a ella, comunidades afectadas en terceros países por la irresponsabilidad empresarial han podido llevar ante la justicia a la empresa francesa energética EDF, por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como por ataques a defensores en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú, en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo.
También grupos indígenas y ONG han demandado al Grupo Casino, gigante cadena de supermercados, por la venta de carne asociada a la deforestación en la Amazonía brasileña y colombiana, además de la vulneración de derechos de esas comunidades.
Por qué es necesaria la PER
Estos casos demuestran que contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.
La Plataforma por las Empresas Responsables está formada por 15 organizaciones españolas de sociedad civil, y representa a más de 530 entidades. USO es el único sindicato miembro de la PER, y compartimos espacio con Alboan, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Anesvad, Amnistía Internacional, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Economistas sin Fronteras, Enlázate por la Justicia, Entreculturas, Fundadeps, Greenpeace, Observatorio de la RSC, Oxfam Intermón y Setem-Ropa Limpia.
En esta web puedes saber más sobre la Plataforma por las Empresas Responsables, que también está en las redes sociales Twitter y LinkedIn.
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