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Faltan centros de emergencia para las víctimas de violencia sexual a cuatro meses de que venza el plazo que marca la “Ley del sí es sí”

A cuatro meses de que finalice el plazo estipulado por la “Ley del sí es sí”, faltan por poner en marcha la mayoría de los centros de emergencia para las víctimas de violencia sexual. La norma establecía la obligatoriedad de que todas las provincias y ciudades autónomas contaran con uno de estos centros antes de terminar 2023. Es decir, debía haber al menos 52 establecimientos de ayuda.

Sin embargo, en 2023 se constató que la meta era imposible y se estableció una prórroga: final de 2024. Este año sigue la misma estela y los objetivos están más que lejos de cumplirse. A cuatro meses de que venza el plazo, aún faltan 42 provincias por cumplir. Asturias, Madrid (con 2), Cantabria, Bizkaia, Vitoria, Gipuzkoa, Murcia, Navarra, Melilla y Albacete han sido las que ya han puesto sus centros en marcha.

Huesca, Teruel, Tenerife y Gran Canaria ultiman los detalles de apertura, mientras otras comunidades anuncian que abrirán en el último trimestre del año.

Para la construcción y dotación de estos centros, España ha contado con una partida de los fondos Next Generation, de la Unión Europea. El presupuesto, unos 90 millones en tres años, ha sido transferido a las comunidades autónomas para su ejecución.

El objetivo de estos centros es prestar una atención similar a la de los centros de emergencia en violencia de género. Así, deben funcionar durante las 24 horas prestando atención permanente y urgente psicológica, jurídica y social. Igualmente, deben dar apoyo y asistencia en situaciones de crisis para las víctimas, familiares y personas implicadas en su entorno.

USO exige centros de crisis de calidad

En este contexto, apreciamos una falta de voluntad política, ya que no existe justificación para no comenzar con la operación de estos centros. Los recursos llegaron con tiempo de sobra para cumplir con los plazos. Pero, a día de hoy, siguen sin existir los medios para garantizar los derechos de las víctimas ni su protección. 

Además, hay que plantearse otras cuestiones, ya que no existe una fórmula única para la creación de estos centros. Esto se puede ver como una fortaleza, puesto que cada uno podrá adecuarse a las necesidades de cada provincia. Pero tienen que tener algunos principios en común.

Así, es esencial que desde las distintas administraciones se especialice y profesionalice al personal público que los atenderá. Este debe tener la finalidad de generar capacidades institucionales y evitar la completa externalización de este tipo de recursos. En muchas ocasiones, la plantilla está feminizada y sufre precariedad laboral.

En ese contexto, desde USO exigimos centros de crisis de calidad. Deben brindar una atención especializada basada en buenas prácticas, teniendo en cuenta protocolos y mecanismos de operación estandarizados. A las víctimas, se las debe tratar con empatía, respetando su dignidad y derechos en un momento de especial vulnerabilidad.

Para ello hay que cuidar al personal que proporcionará estos servicios, ya que deben cumplir con cierto tipo de perfil. Y, por supuesto, no hay que descuidar sus condiciones laborales, que deben ser dignas en todos los sentidos, además del salarial.