- FEP-USO ha recogido 710 demandas individuales de interinos o temporales en fraude de ley, casi la mitad en Extremadura
- USO alerta, además, del colapso de la Justicia, que necesita medidas urgentes
La Federación de Empleados Públicos de USO celebra desde hoy y hasta el sábado su 6º Congreso Federal, en el cual se renovarán sus estructuras y programas, adaptándose a la realidad cambiante del trabajo en general y del que se realiza en las administraciones en particular. “Para empezar, con un cambio de nombre de nuestra propia Federación. Vamos a proponer una modificación a Federación de Atención a la Ciudadanía porque los servicios que prestamos los empleados de las administraciones son cada vez más diversos, el término ‘empleados públicos’, además de no usar el lenguaje inclusivo, nos remonta sin buscarlo a una imagen encasillada de funcionario que no es en absoluto la de los trabajadores que ejercemos nuestra labor en la Administración. Y, sobre todo, porque el principal componente de nuestro trabajo es nuestra vocación de servicio público, la ciudadanía es la protagonista y no nosotros”, explica Luis Deleito, secretario general de FEP-USO y candidato a la reelección.
Entre algunos de los problemas más extendidos en los se quiere trabajar en este próximo mandato figura la regularización de las plantillas frente a la extendida contratación en fraude de ley: “por mucho que Europa nos ha tirado de las orejas, ni el Gobierno central ni los autonómicos han hecho nada aún por ponerle coto a esta contratación fraudulenta. Desde USO, hemos puesto en marcha una campaña de demandas individuales que, en una primera remesa, supondrá 710 expedientes. La mitad de ellos se dan en Extremadura, con 309; seguida de Baleares con 114 y Andalucía, con 77”, anuncia Deleito.
Además, “un trabajo general y que consideramos básico a realizar es forzar a la Administración a una revisión en profundidad del Estatuto Básico del Empleado Público. Estamos hablando de un texto que es de 2007, refundido en 2015, pero con referencias que rigen a los funcionarios de época de la dictadura e incluso alguna de 1929”, apunta el secretario general de FEP-USO.
Resolución para la creación urgente de órganos judiciales “anticongestión”
Entre los textos que se aprobarán durante este 6º Congreso, figura una resolución especial del Sindicato Profesional de Justicia de USO para instar a los poderes públicos para aplicar con urgencia un plan “anticrisis” que cree órganos judiciales en las jurisdicciones más congestionadas para mejorar los tiempos de respuesta; que se aumenten las plantillas de funcionarios en función a la carga y a las nuevas funciones atribuidas; y que se instaure de manera definitiva, pero con la calidad que permita una celeridad y eficacia reales, el expediente digital.
Estas peticiones son producto “de las elevadas ratios que soporta la Justicia en materia de resolución de los expedientes que ingresan en un período; la pendencia o casos pendientes y resueltos al final de período; y la de congestión, que suma todo: los pendientes al empezar un período, los nuevos ingresos y los resueltos. En los tres casos las cifras son alarmantes. La tasa de pendencia ha subido en todo el país un 9,1% de 2017 a 2018; la de congestión, un 2,7%; y la tasa de resolución ha bajado un 1,4%”, explica Javier Toro, secretario general de SPJ-USO.
El reparto de estos aumentos es dispar, afectando sobre todo a Primera Instancia, Mercantil, Penal y Violencia sobre la Mujer, que llegan a duplicar esa subida general. Pero también ha subido en estos años, “desde el inicio del efecto de los recortes a los funcionarios, en torno a 2012, el tiempo de respuesta en todos los ámbitos judiciales. Por ejemplo, en lo Social y lo Mercantil, hemos pasado, respectivamente, de 6,4 meses de espera en 2009 a 9,2 en 2018; y de 9 meses a 14,5”, añade Toro.
“Tras analizar todos estos datos, tenemos que hacer una llamada de atención al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas de que la Justicia ya está desbordada y, si no se toman medidas urgentes antes de que llegue una nueva crisis, habrá un colapso total en los juzgados, como ya vemos en lo Mercantil, que son incapaces de abordar cada nuevo período con el atraso acumulado de los anteriores”, concluye el secretario general de SPJ-USO.
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