- Aunque el documento no es concluyente y no tiene que coincidir con la sentencia, no entra en la conversión de estas situaciones temporales e interinas en fijas
- FEP-USO ha presentado varias Iniciativas Legislativas Populares para tratar de regularizar el exceso de interinos y ya cuenta con la primera sentencia en firme en Justicia
Tras analizar a conciencia las conclusiones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a las cuestiones prejudiciales de varios casos de interinos en presunto fraude de ley, la Federación de Empleados Públicos de USO lamenta que “aun cuando las conclusiones en su conjunto son positivas, el documento no aborda la solución al problema, que es, a nuestro juicio, la conversión de estas situaciones temporales e interinas en fraude de ley en fijas, bien automáticamente o por la vía de un Concurso Extraordinario de Méritos, tal y como establece el propio Trebep. En él, precisamente, se regulan de forma clara las situaciones de excepcionalidad, que concurren en estos supuestos de abuso durante años por parte de las Administraciones Públicas”, explica Luis Deleito, secretario general de FEP-USO.
Aun así, desde la Federación tratan las conclusiones con cautela, “pues son previas, no tienen por qué condicionar la sentencia que se dicte sobre estas cuestiones prejudiciales, toda vez que el TJUE aún no se ha manifestado. De hecho, no sería la primera vez que las conclusiones, así como la línea de nuestro Tribunal Supremo, no coinciden con el veredicto final del Tribunal. En su futura sentencia, esperamos que el TJUE se decante por imponer medidas sancionadoras al Estado Español para convertir en fijas todas estas relaciones laborales temporales e interinas”, avanza Deleito.
FEP-USO ha registrado Iniciativas Legislativas Populares en Extremadura y Baleares, y en conjunto con otras agrupaciones en Andalucía, para pedir que se acabe con la situación de fraude de ley de miles de interinos en cada una de esas autonomías. Además, a través de SPJ-USO, ha conseguido la primera sentencia firme que reconocía el fraude de ley en la contratación de una funcionaria interina de Justicia. En este caso, el procurador ya ha solicitado la ejecución de sentencia en los juzgados de Granada.
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