, Acción Sindical

La Federación de Enseñanza de USO lleva años reclamando en todos los foros, mesas de negociación y en el Consejo Escolar del Estado que la homologación laboral de los docentes de la Concertada con sus homólogos de la escuela pública debe incluir también la reducción de la carga lectiva de los docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Así lo manifestó FEUSO en el pleno del Consejo Escolar del Estado que debatió en su momento el Anteproyecto de Ley para la Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza, recientemente validado por el Senado (que ha aprobado algunas modificaciones al texto presentado por el Gobierno) y lo volvió a reiterar en el debate sobre el Anteproyecto de nueva Ley de Educación, siendo en este caso la única organización que presentó un Informe Alternativo a esta Ley, reclamando su retirada y criticando aquellos artículos que vulneran la libertad de elección de las familias y la deliberada marginación y el arrinconamiento de la asignatura de Religión, poniendo en serio peligro el futuro laboral de miles de trabajadores.

En este foro, FEUSO reivindicó, además, el carácter básico del contenido del Real Decreto posteriormente aprobado con el objetivo de evitar ahondar en unas condiciones laborales diferentes entre el profesorado de las distintas Comunidades Autónomas y, más aún, las que existen actualmente entre el profesorado de la enseñanza pública y la concertada.

Ha llegado el momento de hablar de calidad de la enseñanza

FEUSO manifestó en el Consejo Escolar del Estado que había llegado el momento de hablar de calidad de la enseñanza con mayúsculas y en condiciones equivalentes en toda la red de centros sostenidos con fondos públicos. Por ello, defendimos, y seguiremos defendiendo, la reducción de la carga lectiva del profesorado como un factor de calidad esencial e inaplazable en 18 periodos lectivos para la Educación Secundaria y 23 en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial con carácter general, tanto para la enseñanza pública como la concertada.

La realidad es que ahora mismo se da una diferencia que puede alcanzar hasta la impartición de diez periodos lectivos más en el caso del profesorado de los centros concertados. Consideramos necesario, por tanto, que las Administraciones Públicas presupuesten las ratios profesor/aula y adopten las medidas que sean necesarias para que la carga lectiva semanal de los docentes sea equivalente en todos los centros sostenidos con fondos públicos y con plantillas también similares. En el caso de los centros privados concertados, el proceso de homologación de la jornada lectiva se deberá llevar a cabo de manera conjunta y coordinada con la negociación colectiva.