, Acción Sindical, USO en la calle

La Federación de Enseñanza de USO, junto con la comunidad aglutinada en “Más plurales”, ha recogido en menos de diez días más de 600.000 firmas contra la Ley Celaá

En menos de diez días, la Federación de Enseñanza de USO, en el marco de la plataforma “Más plurales”, ha recabado el apoyo de más de 600.000 personas en la campaña de firmas en contra de la Ley Celaá, la enésima ley educativa de Gobierno. En un país donde cada partido que accede a La Moncloa practica la ideología con el pilar básico de la enseñanza, el consenso y la necesidad de Pacto de Estado que cada cual pide únicamente cuando está en la oposición vuelve a definir la deriva de la nueva ley educativa, la conocida como “Ley Celaá” por el apellido de la Ministra que la lanza.

La LOMLOE o “Ley Celaá”, una ley coja por la falta de consenso

FEUSO se concentró ayer frente al Congreso junto con otros miembros de la comunidad educativa, desde padres y madres de alumnos a otros sindicatos, para pedir que se pare el rodillo de la Ley Celaá. FEUSO y el resto de asociaciones esperaban, no obstante, que su voz se escuchase en el Congreso y no a sus puertas, en la calle. Pero, finalmente, la concentración, autorizada a última hora y con un aforo de cien personas, fue la única aportación que se permitió hacer “en” la Cámara.

“Más plurales”, la plataforma promotora de la concentración, aglutina a sectores de todos los ámbitos de la enseñanza con varios puntos en común. El primero de ellos, la falta de consenso con la que nace, otra vez, una ley de Educación. En este caso, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, LOMLOE.

FEUSO recuerda que se ha tramitado de forma exprés sin negociación, diálogo ni consenso, y en mitad de la mayor crisis sociolaboral de los últimos 70 años. La LOMLOE, por lo tanto, no puede dar estabilidad al sistema educativo, sino que aleja toda posibilidad de alcanzar el necesario y demandado Pacto Educativo. Han prohibido la participación de la sociedad civil en su tramitación.

La comunidad educativa se enfrenta de nuevo a una ley partidista, que no responde a los intereses del conjunto de la sociedad, injusta y discriminatoria, con una fuerte carga ideológica que elimina derechos y libertades individuales y colectivos.

Una ley inoportuna y tramposa, porque no es el momento ni las formas, por la puerta de atrás mientras toda España mira hacia los hospitales, de tramitar una ley que cambia radicalmente el modelo de educación en nuestro país. El momento perfecto para impedir la pluralidad de voces y una participación normalizada de la sociedad en su debate.

Educación Especial, Concertada y Religión, las grandes damnificadas

La LOMLOE parte de varios preceptos que colisionan contra normas de rango superior, como la Constitución; que, en su artículo 27, ampara la pluralidad de elección en su máxima expresión. Sin embargo, la Ley Celaá busca bordear la Constitución para, sin entrar al engorroso y largo trámite de modificarla, ahogar por inanición el resto de itinerarios posibles frente a un solo modelo de educación.

La nueva ley discrimina a la red de centros de enseñanza concertada y a sus trabajadores, y condena al sistema a una progresiva desaparición. El texto omite cualquier mejora a los profesionales del sector de la enseñanza concertada, que no permite unas condiciones laborales equivalentes para todas las plantillas de los centros sostenidos con fondos públicos. Discriminación que, en los últimos años, FEUSO ha tenido que ir corrigiendo a golpe de sentencia.

Asimismo, la ley condena al cierre a los centros de Educación Especial, obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios, aunque esta no sea su elección ni su voluntad, ni lo recomendable para la correcta integración, pues cada caso presenta diferentes capacidades.

Y le pone la puntilla a la asignatura de Religión, dificultando el acceso a ella de las familias que libremente así lo elijan, tal y como recogen los derechos constitucionales. Más de 5 millones de alumnos la cursan en la actualidad.

260.000 puestos de trabajo de la enseñanza, en riesgo por la Ley Celaá

Acabar de facto con el modelo educativo actual pone en riesgo, por lo tanto, a centros educativos, pero también a sus profesionales. En los 9.000 centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos trabajan más de 260.000 personas. Con el recorte súbito de la financiación y el trasvase para potenciar un único itinerario, esos puestos de trabajo están en riesgo.

Y, además de recortes, la ley siembra cizaña entre quién se hace o no con los fondos, sin pararse a analizar cuántos miles de trabajadores hay tras la decisión de hacer política y cuántas familias, 4 millones, han decidido optar por esos otros modelos de educación que ahora quieren ahogar.

Movilización en las redes sociales contra la Ley Celaá

En los últimos meses, la etiqueta o hashtag #StopLeyCelaá ha sido varias veces trending topic en la red social Twitter, en las diferentes campañas promovidas en redes sociales en contra de la LOMLOE. Con motivo de la pandemia y las medidas sanitarias, la movilización digital ha sido más que nunca el foro donde profesionales de la enseñanza y familias han podido mostrar su descontento.

Ayer, unido a #StopLeyCelaá, desde FEUSO y Más Plurales se lanzó un nuevo “tuitazo”. El hashtag #MasPlurales lideró durante varias horas la lista de tendencias en España, con más de 150.000 tuits compartidos.

Si tú también consideras que la enseñanza debe hacernos “Más plurales, más libres, más iguales”, secunda y apoya la campaña con tu firma.