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El peso de la subcontratación en la industria española creció en un 49% entre 2009 y 2015, año en que la estadística proporcionada por el INE dejó de ser explícita sobre los “gastos en trabajos realizados por otras empresas”. Si seguimos la estadística inversa, “ingresos por prestaciones de servicios para sector industrial”, podemos comprobar que la subcontratación sigue en aumento, al crecer en 2.000 millones de euros al cierre de 2017 frente a 2016; es decir, un 4,5%.

Son algunos de los datos que se extraen del informe sobre los “Efectos de la subcontratación sobre los trabajadores de la industria española” y que “nos obligan a acometer un estudio detallado de las consecuencias que el fenómeno de la subcontratación está teniendo en las condiciones de trabajo del sector industrial, tanto en salario como en jornada y prevención de accidentes”, explica Pedro Ayllón, secretario general de la Federación de Industria de USO.

“La subcontratación no se emplea en España para alguno de sus fines originarios, como encargar ciertas tareas muy específicas a otras empresas especializadas, sino para reducir costes. Por eso, la presión que ejerce la empresa contratista para aumentar el margen de beneficio obliga a la empresa contratada a rebajar masa salarial, a aumentar y flexibilizar jornada o a ahorrar en prevención de riesgos laborales”, expone Ayllón. “Y es más, por efecto rebote, también va socavando los derechos laborales de los trabajadores de la empresa principal ante la amenaza de seguir externalizando carga de trabajo por un coste menor al que ellos suponen. Una amenaza a la que ambas plantillas, principal y subcontratada, se enfrentan cada vez más debilitadas sindicalmente por reducir mediante este troceado el peso de los comités de empresa”, continúa.

Como medida para limitar los efectos adversos de la subcontratación, a falta de una mayor concreción legislativa, el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO, Raúl Montoya, propone “tenerlo siempre presente en la negociación colectiva. Los convenios colectivos de empresa o sectoriales deben incluir en su articulado referencias expresas a la información a los representantes legales de los trabajadores de la empresa principal sobre la actividad contratista, blindar la subrogación de los trabajadores para que no estén sometidos al cambio de empresa subcontratada y garantizar las condiciones de convenio también para los trabajadores de estas empresas”.

En el estudio, “hemos cribado los convenios del metal por provincias y hemos observado que son muy pocos los que hacen algún tipo de referencia a la subcontratación. Por poner un ejemplo, solo 14 de los 51 existentes contemplan el derecho de información referente a la subcontratación”, analiza Luis Matesanz, asesor de FI-USO.

La siniestralidad laboral es otro de los aspectos potenciados por la subcontratación: “por diversas causas, tanto porque realizan trabajos más penosos como por una menor inversión de la empresa auxiliar, la Encuesta Nacional de las Condiciones de Trabajo demuestra que los trabajadores subcontratados sufrieron una siniestralidad un 7% superior a los de la empresa principal en cuanto a accidentes de trabajo con asistencia médica o tratamiento”, observa Matesanz.

El caso de las contratas de la minería del carbón

En cuanto al estudio concreto de un sector, el de la minería del carbón, “el papel de la subcontratación ha tenido unos efectos devastadores para los trabajadores que pertenecen a estas empresas subsidiarias y no a las principales, a pesar de que en algunos casos cuentan con la explotación directa de la unidad de producción. Estos trabajadores, cumpliendo con las mismas condiciones que los mineros de empresas principales, se han quedado desamparados por el nuevo Plan del Carbón, a pesar de que desde FI-USO exigimos su inclusión hasta el último día de negociación. Esto no habría ocurrido si el Gobierno hubiera cumplido con la que era su demanda de modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, cuya tramitación comenzó desde la oposición y olvidó al llegar al poder. Ese artículo debería garantizar la igualdad para todos los trabajadores ante las mismas condiciones”, demanda Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.