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La Federación de Industria de USO ha presentado las alegaciones al RD 20/2018, que prevé el Estatuto de la Industria Electrointensiva, y que se encuentra en consulta pública hasta el próximo miércoles, 27 de marzo. La primera de las alegaciones remitidas a los ministerios de Industria y Transición Ecológica “pasa por el propio concepto. En el borrador, consideramos imprescindible la creación de la figura del consumidor ‘hiperelectrointensivo’, en función de lo que incide la electricidad en el producto final de cada planta”, avanza Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

Además de eso, “solicitamos que se dote de un marco más seguro y estable en cuanto al presupuesto relativo a las emisiones de CO2. Es una medida habilitada por la Unión Europea y muchos países comunitarios ya la aplican, como Alemania, donde se puede llegar al máximo permitido del 25%, que son unos 250 millones de euros. También en nuestro entorno se paga entre 5 y 10 veces por los peajes por megavatio, por lo que otra de nuestras enmiendas es rebajar los 10-15 euros que se pagan ahora en España para poder competir con los 1-2 de Francia o Alemania. Y pedimos una modificación del modelo de fiscalidad de la generación, que en España se traslada directamente a la factura y que hace que los precios mayoristas estén unos 8 euros por encima de nuestros vecinos”, continúa Montoya.

Además, desde FI-USO se solicita “que se fomenten las PPA, acuerdos bilaterales de compra de energía, y que se opte por el modelo francés, firmando contratos a largo plazo, de 10 años, que garanticen las inversiones y den seguridad jurídica y estabilidad al empleo”; y, en lo relativo al actual sistema de subastas de interrumpibilidad, “que se recupere la competitividad, ya que ha bajado un 40% el precio del megavatio y, además, sigue sin introducirse un mecanismo que garantice la permanencia de las industrias en el sistema que favorezca la estabilidad en el empleo”.

Con las enmiendas, el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO se muestra convencido de que “podríamos llegar a contar con una industria competitiva, con un precio de MW/hora de en torno a los 35 euros. Los costes eléctricos de España son los más altos de Europa y lastran la competitividad de toda nuestra industria. De no tener en cuenta estas correcciones al borrador, el Estatuto quedará en una mera declaración de intenciones que seguirá sumiendo en una gran incertidumbre cortoplacista a la gran industria española y los puestos de trabajo que de ella dependen”.