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La subasta de interrumpibilidad para 2018 comienza hoy en Valladolid con importantes novedades. La principal, que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha decretado un período de aplicación de la misma de solo cinco meses, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018. Y la segunda, el número de bloques.

Según el calendario publicado en una resolución el pasado mes de octubre, la subasta de interrumpibilidad de este año se desarrollará hasta el viernes, 22 de diciembre. En las pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por 8 bloques de 90 megavatios, dos menos que el año pasado. Esto puede poner en serios aprietos el futuro de una o dos empresas, en función de la asignación. En la última subasta, Alcoa se hizo con cinco de los grandes bloques (tres para la factoría de Lugo, uno para A Coruña y uno para Avilés), dos fueron a parar a AZSA y uno para Ferroatlántica, ArcelorMittal y Grupo Celsa.

Además, se subastarán entre 340 y 412 bloques de 5 MW, que suman entre 1.700 y 2.060 MW. Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 150.000 euros, frente a los 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90MW.

En ambos casos, supone una rebaja respecto a la subasta del año precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.

Por lo tanto, parece que este año la tónica general son “las rebajas”, tanto en la vigencia, recordemos que solo durará 5 meses, como en el precio de salida por megavatio.

Desde la Federación de Industria de USO, llevamos reclamando mucho tiempo una subasta eléctrica de duración superior al año, de un mínimo de tres años, con lo que se daría mayor seguridad jurídica y se facilitará la realización de inversiones con el objetivo de ganar competitividad y estabilidad en el empleo.

Además, le solicitamos al Ministerio abaratar el coste de la tarifa energética para las empresas electrointensivas para eliminar así el diferencial de coste que en algunos casos es superior al 30%, y revindicamos un trato fiscal especial. Con la combinación de ambas reivindicaciones, la industria española podría competir en igualdad de condiciones que los países de nuestro entorno.