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Ayer se publicaron en el BOE las bases de la próxima subasta de interrumpibilidad, que se desarrollará entre el 16 y el 20 de diciembre.

Aprovechando la celebración de la Cumbre del Clima, COP25, del 2 al 13 de diciembre en Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado y publicado las bases de la nueva subasta de interrumpibilidad, que incluye entre sus novedades la eliminación de los bloques de 40MW; la reducción del número de bloques de 5 MW (un total de 200 bloques); y la reducción del precio del MW de salida de los bloques de 5MW, respecto a la subasta del segundo semestre del 2019, que ahora se sitúa en los 125.00 euros/MW.

Para Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de la Federación de Industria de USO, “esta subasta supone herir peligrosamente a la industria electrointensiva de este país, y con especial incidencia se nota en Asturias, que tiene en su territorio a tres de las cuatro grandes plantas consumidoras españolas. No somos ajenos a que es necesario abordar una transición energética, pero entendemos que debe hacerse de manera ordenada, justa y planteando alternativas industriales que permitan el mantenimiento del empleo”.

En opinión de FI-USO, esta medida puede suponer un serio varapalo para un sector estratégico en la industria española, en el que se incluyen empresas tan importantes como Alu Ibérica (antigua Alcoa), Arcelor, Grupo Celsa, Acerinox, Sidenor, Azsa, etc., que pueden verse muy afectadas con estos nuevos recortes, ya que la asignación de interrumpibilidad para el primer semestre del 2020 supone el 50% respecto de la anterior convocatoria.

“Llevamos mucho tiempo demandándole al Gobierno una alternativa al sistema de subasta actual, a través de la entrada en vigor del Estatuto de la Industria Electrointensiva, comprometido por el Ejecutivo hace ahora un año, y, lejos de crear una regulación más competitiva para la industria más dependiente de la tarifa eléctrica, nos encontramos con una medida que supone una patada para adelante por parte del Gobierno, y que pondrá en alerta a todo un sector”, subraya Montoya.

“Entendemos que esta medida no obedece a una estrategia política, ni mucho menos energética, más bien es una nueva improvisación que va a generar más incertidumbre. Mientras no exista una alternativa real, culparemos al Gobierno y exigiremos responsabilidades ante cualquier puesto de trabajo que desaparezca en la industria intensiva”, concluye el secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.