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El Convenio Colectivo Estatal de empresas de Seguridad Privada, firmado el pasado 8 de noviembre por los sindicatos mayoritarios del sector, entre ellos USO, va a tener una vigencia de cuatro años (2017-2020). Del mismo, podemos destacar el incremento salarial del 2 % para los años 2018, 2019 y 2020, así como mejoras en los permisos retribuidos y las subrogaciones. Y también el compromiso de abordar las jubilaciones anticipadas con la finalidad de rejuvenecer las plantillas y de reducir costes por esta vía.

Tras meses de dura negociación en los que las patronales APROSER y FES mostraron su intención de congelar la antigüedad, o modificar las bajas por enfermedad, condicionando cualquier tipo de subida salarial a la aceptación de estos recortes, incluso a la firma de cualquier convenio futuro, los sindicatos firmante lograron ganar este pulso, consiguiendo el que ambas patronales desistiesen de su intención. Los sindicatos firmantes hemos logrado ganar este pulso, consiguiendo que ambas patronales desistiesen de su intención. Mucho ha tenido que ver para este cambio de postura las concentraciones llevadas a cabo en la mayoría de las comunidades de España y que congregaron a miles de vigilantes pidiendo un convenio digno y de recuperación de salarios.

El mejor convenio posible

Se podrá discutir que si el convenio firmado es suficiente y justo para un sector que ha estado contribuyendo con la crisis económica de este país los últimos 10 años con pérdidas de derechos laborales, sociales y económicos. Desde la FTSP-USO consideran que, sin ser el mejor convenio posible para el sector, es el mejor que en este momento se ha podido firmar ya que “con el convenio en la mano, disponemos de un arma importantísima para la salvaguarda de los derechos de los trabajadores del sector y para enfrentarnos a las empresas pirata que tienen en sus redes a más de 20.000 compañeros y compañeras en todo el territorio nacional en este momento”.

Asimismo y tras la firma de este convenio se acuerda la creación de comisiones para incorporar los acuerdos que se tomen en el grupo creado el pasado verano a raíz del conflicto de El Prat con varios Ministerios, para mejorar las condiciones de los vigilantes que prestan su servicio en infraestructuras públicas esenciales.