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Desde USO, llevamos años denunciándolo: el sistema de prevención de riesgos laborales en nuestro país no está funcionando. El año 2015 se ha saldado con 518.988 accidentes con baja en el trabajo, 27.889 más que el año pasado, de los cuales 608 han sido mortales. Los accidentes de trabajo han causado 28 muertos más que el año pasado.

Estas cifras hacen más que cuestionable el sistema preventivo de nuestro país. Se ha convertido la prevención de riesgos en un negocio más; muchas empresas sólo buscan en el servicio de prevención que contratan que sea el más barato, importando poco la calidad que ofrecen, y así la calidad del servicio se ha ido deteriorando. La prevención se convierte en un mero papeleo, y lo único que importa es que si viene una inspección los papeles estén bien, sin importar si realmente se están evitando los accidentes y las enfermedades profesionales.

Cuando el accidente o la enfermedad llegan a producirse, entran en juego las Mutuas, que parecen haber adquirido la misión de “ ayudar” a las empresas, negando siempre el origen laboral del accidente o enfermedad, a fin de evitar el gasto en medidas preventivas y evitar cualquier sanción que pudiese imponer la Inspección de Trabajo. Es un hecho constatado que a partir de 2007 los accidentes de trabajo sin baja han superado siempre a los accidentes con baja, algo que no había ocurrido desde que se tienen datos.

En concreto, el pasado año 2015 se notificaron 714.930 accidentes sin baja frente a 518.988 con baja. No creemos que precisamente esto se deba a que exista hoy en día mayor conciencia de la importancia de notificar los accidentes sin baja, más bien lo que nuestra experiencia nos dice es que las personas accidentadas acuden a la Mutua y como allí se les niega la baja, acaban en el servicio público de salud y, de haber baja, es por enfermedad común.

Una función importantísima de los servicios de prevención es la vigilancia de la salud, cuyo objetivo es la detección precoz de enfermedades profesionales y la identificación de personas especialmente sensibles a determinados riesgos. Sin embargo en la mayoría de los casos los reconocimientos médicos que se realizan son generalistas y no cumplen su función preventiva.

En un estudio que se realizó para determinar la utilidad preventiva de estos reconocimientos desde la perspectiva de los profesionales sanitarios de salud laboral, más del 70% de los encuestados dijeron que el sistema de vigilancia de la salud no es costo-efectivo, no cumple el objetivo de detección precoz de daños a la salud relacionados con el trabajo, y no contribuye a mejorar el sistema de prevención de riesgos laborales. También identificaron deficiencias en la especificidad y base científica de los exámenes, en la calidad de la vigilancia colectiva y en la derivación a mutua de casos sospechosos de patología laboral para diagnóstico y tratamiento. Este estudio plantea serias preocupaciones acerca de cómo se realizan los exámenes de salud dentro del sistema de vigilancia de la salud de nuestros trabajadores, que debería ser revisado para asegurar el cumplimiento de su objetivo preventivo laboral.

Los reconocimientos deberían ser específicos en función del puesto y las tareas realizadas, más exhaustivos y con la duración adecuada para que el profesional que nos atiende pueda conocer nuestras tareas y los problemas de salud que pueden estar asociados a ellas. Así se podrían poner las medidas preventivas adecuadas para que el problema no empeore, incluso como ocurre en muchos casos hasta llegar a incapacitar o matar al trabajador.

Sin embargo, la negación y la invisibilidad siguen siendo la tónica en lo referente a los daños derivados del trabajo. Las empresas prefieren esconder los problemas debajo de la alfombra en connivencia con la administraciones públicas. Esta política de ocultación de los problemas de salud derivados del trabajo, lo único que hace es agravar el problema.

El ejemplo más doloroso de negación del daño de origen laboral que tenemos en nuestro país es el causado por el amianto. En 1976 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer estableció que todos los tipos de fibras de amianto podían provocar mesotelioma y carcinoma de pulmón y negó la posibilidad de definir niveles seguros de exposición a esta sustancia, pero el amianto no fue prohibido en España hasta 2002, y a día de hoy sigue causando la muerte de trabajadores y familiares.

Si desde que la agencia internacional de investigación del cáncer y las empresas sabían que el amianto era cancerígeno se hubiese prohibido su uso en nuestro país se hubieran salvado muchas vidas. Desde USO, no queremos más amiantos, ni más invisibilidad de las muertes y enfermedades causadas por el trabajo, porque sabemos que son muchas más de las que se reconocen. Seguiremos denunciando cada incumplimiento, porque creemos en unas condiciones de trabajo dignas y, como no puede ser menos, seguras.