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El secretario general confederal de la Unión Sindical Obrera, USO, Julio Salazar, ha manifestado en rueda de prensa que “ahora hay más razones que nunca para intensificar la protesta en la calle y evidenciar el rechazo y el hartazgo que provocan en los ciudadanos el empecinamiento del Gobierno en mantener unas políticas que ya se han demostrado ineficaces en España y en Europa y que no hacen sino empeorar la situación general de la mayoría social”.

Salazar ha manifestado también que las recientes medidas de estímulo adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy son “más declarativas que eficaces en su propósito de generar empleo”.  Julio Salazar ha querido poner el acento en “una generación perdida como es la de los parados mayores de 45 años que con las decisiones gubernamentales estan siendo condenados al ostracismo. Por último, el secretario general de la USO ha hecho especial hincapié en la necesidad de que la sociedad se movilice para tratar de “limpiar la podredumbre en que vive instalada la acción política”. 

 

Las declaraciones de Julio Salazar se han producido en la rueda de prensa de presentación de las conclusiones y acciones, que las organizaciones que forman parte de la CUMBRE SOCIAL, han aprobado en si última reunión  y que básicamente conducen a un llamamiento a la ciudadanía a manifestarse el próximo 10 de marzo CONTRA EL PARO Y POR LA REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA. Los convocantes se suman así a la iniciativa de movilizaciones europeas convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en el conjunto de la Unión Europea. Ya hay confirmadas manifestaciones en 50 ciudades españolas y concentraciones en otras 3.  

 

Los convocantes tienen claro que la situación política, económica y social de nuestro país continúa deteriorándose. El debate del Estado de la Nación no ha aportado ninguna iniciativa positiva y se ha constatado, una vez mas, la absoluta falta de voluntad por parte del gobierno para afrontar la crisis económica y el alejamiento de la ciudadanía de las instituciones democráticas. Continúan y se agravan los escándalos de corrupción política. El gobierno ha aprobado un proyecto de reforma de la administración local, profundamente regresiva, que va a suponer el desmantelamiento de servicios sociales y otros servicios públicos que prestan los ayuntamientos, privándoles de toda capacidad política de intervención y que va atener especiales repercusiones en el crecimiento de la desigualdad en el ámbito rural.    

 

Ese distanciamiento, de no corregirse de manera urgente y en profundidad puede abocarnos a situaciones como las de Italia, donde las recientes elecciones han demostrado el éxito de las opciones populistas y neoliberales y el hartazgo de una parte de la población con el actual funcionamiento de las instituciones democráticas.

 

Hay que hacer saber a la Comisión Europea y a los Gobiernos de la UE que su actuación no tiene el respaldo de los europeos, que nos oponemos a unas políticas de ajuste que son un fracaso patente, que nos mantienen en la recesión, que no generan empleo, y que aumentan la desigualdad y la disgregación en las sociedades europeas.

 

Hay que hacer saber al Gobierno de España que no queremos discursos huecos y retóricos. Seis millones de personas en paro, dos millones de ellas sin recibir ningún tipo de prestación, 1,8 millones de hogares con todos sus miembros en desempleo, y cerca del 27 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza constituyen la realidad de este país, y deben ser la primera prioridad del Gobierno, que hasta ahora ha sido incapaz de dar señales claras de un cambio de rumbo. 

 

Para rechazar el diagnóstico de la situación y la agenda de actuaciones que planteó el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación, porque se alejan cada vez más de las necesidades y demandas de la inmensa mayoría de la sociedad española.

 

Para rechazar los casos de abierta complicidad entre cargos públicos y empresas, que corrompen el ejercicio de la actividad política, levantan ante los ojos de la sociedad un peligroso muro de desconfianza hacia las instituciones democráticas, y aceleran el deterioro del entramado institucional que surgió de la transición democrática.

 

Para rechazar el desmantelamiento de los servicios públicos, la ley de tasas judiciales, y cualquier actuación que convierta la aceptación a trámite de la Iniciativa Legislativa.