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Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023 revelan que la calidad de la población en España empeora con respecto a 2022

La población en España sufre cada vez más pobreza y su calidad de vida ha empeorado. De hecho, el porcentaje de exclusión social aumentó un 0,5 % en 2023, situándose en un 26,5 %. Además, los españoles tienen cada vez mayor dificultad para llegar a fin de mes. Dn 2023, el porcentaje se situó en un 9,3 %, frente al 8,7 % del 2022.

Los ingresos medios por persona en 2023 alcanzaron los 14.082 euros anuales, suponiendo un aumento del 8,3 % con respecto al año anterior. Pero, pese a este aumento, es insuficiente para la población, ya que los costes de bienes y servicios han aumentado por encima de los ingresos, haciendo perder calidad de vida.

Por ello, es básico garantizar unos ingresos mínimos a las personas. En ese sentido, podemos apreciar que el 37,1 % de los hogares españoles no tuvieron la capacidad de afrontar gastos imprevistos: un porcentaje superior al 35,5 % del año anterior. Además, un tercio de la población (33,1 %) no puede irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

El aumento de ingresos no ha sido suficiente

La conclusión de la Encuesta de Calidad de Vida del INE es clara: los esfuerzos emprendidos para aumentar la calidad de vida de la población no están dando los resultados esperados. Si bien es cierto que se han aumentado los ingresos de la población, estos no alcanzan para acceder a condiciones de vida digna.

Mientras sigamos teniendo una distribución desequilibrada de la riqueza, el grueso de la población seguirá sufriendo los estragos de políticas económicas que favorecen la concentración de los recursos, fomentan la creación de oligopolios y la especulación con satisfactores básicos, como la vivienda. En este contexto, el panorama no mejorará para las familias españolas, por lo que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social seguirán en aumento.

Las Comunidades Autónomas con una mayor tasa AROPE de pobreza o exclusión social en 2023 son: Andalucía, con un 37,5 %; Canarias, con 33,8 %; y Extremadura, con 32,8 %. En contraposición, las comunidades con menores tasas son: País Vasco, con 15,5 %; y la Comunidad Foral de Navarra, con una tasa de 17,2 %.

A pesar del crecimiento de la economía española, del 2,4 % en el primer trimestre de 2024, es insuficiente ante la inflación que se ha experimentado, sobre todo, en el precio de los alimentos. Adicionalmente, los ingresos de las familias se ven afectados en gran medida por los desorbitados precios del alquiler o los altos precios de las hipotecas.

Las familias son víctimas de la inflación

Como podemos apreciar, los grandes desafíos se encuentran en los bolsillos de las familias, que cada vez tienen más complicado llegar a fin de mes. Los datos macroeconómicos son buenos, pero, lamentablemente, esta visión económica optimista no se ve reflejada en la gente de a pie: quienes siguen librando batallas por poder acceder a una vivienda digna y poder satisfacer las necesidades elementales de sus familias.

El aumento al Salario Mínimo Interprofesional es, sin duda, un avance significativo; sin embargo, el resto de los salarios siguen estáticos, con aumentos anuales ínfimos, inferiores al IPC, por lo que el poder adquisitivo de las familias es cada vez menor. Sin mencionar que no se tienen en cuenta los factores de discriminación que afectan a cada una de las personas. Esto da como resultado la vulnerabilidad social, el riesgo de pobreza, la precarización y la parcialidad de muchas personas que, dicho sea de paso, muchas de ellas son mujeres o familias encabezadas por una mujer.

Esperamos que los resultados que se están obteniendo sean positivos, que las proyecciones sean reales y que la calidad de vida de la población en España aumente. Mientras tanto, los datos nos dicen que la calidad de vida sigue en declive.

“Además de tomar medidas y decidir políticas, hay que seguirlas. El IMV no llega a muchos de sus potenciales perceptores por no estar adaptada su gestión a estos colectivos. O el caso de la fiscalidad de los alimentos: no ha habido ningún tipo de seguimiento y búsqueda de responsabilidades en por qué los precios, a pesar de esta rebaja, han seguido aumentando”, denuncia Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación de USO.