, , , , , Acción Sindical

Acta de finalización del proceso entre Alcoa y la representación sindical de la Comisión de Seguimiento del procedimiento de despido colectivo acordado el pasado 15 de enero y en la que la parte social acepta que Alcoa posponga la ejecución del ERE a 1 de agosto de 2019, tiempo que permitirá a Parter ofrecer las garantías financieras suficientes para hacerse cargo de las plantas de Alcoa de Avilés y A Coruña.

De ser confirmadas estas garantías, Alcoa confirmará el 1 de agosto, tanto a la Comisión Representativa de los Trabajadores como a la Comisión de Seguimiento de la Actividad Industrial de Avilés y A Coruña, formada por el Ministerio de Industria, el Principado de Asturias y la Xunta de Galicia, la venta de las sociedades, y, por tanto, se evitará la ejecución de las medidas contenidas en el plan social acordado el pasado 15 de enero.

De cumplir con los requisitos, Parter se compromete a mantener el empleo y las condiciones actuales de todos los trabajadores, así como la actividad en las plantas durante al menos dos años; aunque, según sus declaraciones, su intención es venir a España para quedarse. Con este acta, se consigue eludir de toda responsabilidad a los trabajadores, puesto que en ella se recoge que durante toda esta negociación Alcoa ha actuado de manera unilateral; por consiguiente, los representantes de los trabajadores solamente han sido informados de los pasos dados durante todo el proceso.

Para Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de la Federación de Industria de USO, “lo fundamental y lo deseable es que Parter pueda ofrecer las garantías suficientes que permitan la estabilidad a los más de 600 trabajadores de las plantas de Avilés y A Coruña. El 31 de julio saldremos de dudas”. Además, “debemos valorar el comportamiento ejemplar de los representantes sindicales en general y de la sección sindical de la USO en particular. Han actuado con la responsabilidad que requieren estos procesos, con el único objetivo de proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras”.