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El seminario abordó el papel creciente de los sindicatos en la defensa de derechos laborales y el acceso a un empleo digno en igualdad de condiciones en la contratación pública

USO, junto con EZA, ha celebrado en Alcalá de Henares (Madrid), del 21 al 23 de enero, un nuevo seminario internacional titulado “¿Contratación pública responsable? El sector público en conflicto sobre su papel como empleador y como garante de empleos de calidad”.

En este encuentro, que ha reunido a expertos nacionales e internacionales, se han abordado los retos y oportunidades en la creación de empleo digno, la inclusión de género y la transparencia en contratación pública.

El papel de los sindicatos, central para proteger los derechos laborales en la contratación pública

En la inauguración de las jornadas, el secretario general de USO, Joaquín Pérez, ha destacado que la contratación pública representa un porcentaje significativo del PIB de la Unión Europea, en torno al 14 %. “Este dato no es solo un número; es una declaración de la relevancia del sector público como motor de nuestras economías. Los contratos públicos no solo son un instrumento para proveer servicios y bienes esenciales, sino también una herramienta clave para promover objetivos sociales, laborales y ambientales. Por ello, garantizar empleos de calidad a través de la contratación pública no solo es deseable, sino una obligación moral y política”, ha incidido.

Durante la apertura, en la que también han intervenido también Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociales, Igualdad y Formación; Piergiorgio Sciacqua, copresidente de EZA, y Concepción Iniesta, secretaria general USO-Madrid, Pérez ha comentado que la legislación española ha incorporado la Directiva 2014/24/UE y la estrategia Europa 2020 en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, estableciendo un marco que no solo busca la eficiencia económica, sino que también promueve la inclusión de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública.

“Y aquí es donde los sindicatos tenemos un papel central. Debemos luchar por lograr una mayor inclusión de los sindicatos en las fases de preparación, adjudicación y supervisión de los contratos asegurando así el respeto de los derechos laborales y la promoción de un modelo de crecimiento sostenible y justo. Solo con esta participación activa podemos garantizar que los derechos laborales se respete y que la contratación pública se convierta en un motor de cambio social positivo”, defiende Pérez.

Y es que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha denunciado que en 2023, cerca de 1.000 millones de euros de fondos públicos fueron adjudicados a empresas que violaron derechos laborales fundamentales. Priorizar el coste o precio de las licitaciones en detrimento de criterios sociales y laborales puede conducir a una “carrera a la baja” en términos de salarios y condiciones de trabajo.

Abordar las desigualdades de género en la contratación pública

El seminario sobre contratación pública responsable, además de evidenciar la importancia del papel de los sindicatos en la exigencia de mejores condiciones laborales, destacó la necesidad de garantizar derechos laborales y el acceso a un empleo digno en igualdad de condiciones para todos, independientemente de su origen, sexo, identidad de género, discapacidad u otras características.

En la primera mesa, “Género e inclusión en la contratación pública”, se ha subrayado la necesidad de abordar las desigualdades que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, especialmente en la contratación pública, enfatizando las mujeres en el plano rural y visibilizando diferentes situaciones de discriminación múltiple. Para ello, los planes de igualdad son una herramienta eficaz para garantizar derechos laborales y eliminar esta discriminación.

Se destacó que es necesario combatir la situación de desigualdad estructural de las mujeres, que obstaculiza y limita la contratación por parte de empresas lideradas por mujeres. Además se puso atención en la precariedad y en la parcialidad del trabajo de las mujeres que ocasiona y amplía las brechas de género, así como las prácticas sexistas, conscientes e inconscientes en la contratación pública. Se enfatizó la necesidad de contar con personal público empático, sensibilizado y capacitado que permita incorporar la perspectiva de género en la contratación pública.

Por último se visibilizó que, en muchas ocasiones, las obligaciones en materia de igualdad se ven con un menor impulso con el paso del tiempo y los discursos políticos en contra de la igualdad. Es por ello que resulta imprescindible dar un empuje a las políticas de igualdad para lograr cambios sociales que impacten en la contratación pública y en el ámbito laboral. La experiencia en Europa (tanto en Portugal como en España) nos ha enseñado que la igualdad no se alcanza por decreto, se requiere un trabajo constante y un compromiso político sólido que debe ser impulsado desde los sindicatos para exigir el cumplimento de obligaciones tanto en el plano nacional como en el internacional.

Modificar la LCSP para conseguir una contratación pública socialmente responsable

En la segunda mesa del seminario, dedicada a los “Desafíos y oportunidades en la creación de empleo digno”, se abordaron cuáles son los retos que impone la contratación al empleo digno, contando con la perspectiva española y portuguesa. En este módulo se concluyó que es urgente e imprescindible la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, primando la calidad del servicio y del empleo sobre el coste económico, o que no sea el único a tener en cuenta. Igual de importante es evitar los fraudes y las infracotizaciones a la Seguridad Social y a la Hacienda pública, así como fomentar un empleo digno y de calidad, fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la no discriminación por razones de sexo, edad, condición sexual, país de nacimiento, etc.

Exigir a las adjudicatarias el cumplimiento de los pliegos de condiciones

La tercera mesa del seminario estuvo dedicada a la “Contratación pública justa y transparente”, destacando la necesidad de garantizar que las empresas adjudicatarias cumplan los pliegos de condiciones y presten un servicio óptimo. Para poder conseguirlo es necesario que las Administraciones:

  1. Elaboren pliegos de condiciones socialmente responsables donde se prime la calidad sobre el precio.
  2. Establecer unos criterios claros para la adjudicación, con una fórmula proporcional para el cálculo de las puntuaciones, exigiendo de forma clara y concreta el cumplimiento de la legalidad vigente.
  3. Establecer en los pliegos mecanismos para poder rescindir los contratos sin penalización para la Administración y las personas trabajadoras en caso de incumplimientos por parte de las empresas.

Ello se debe concretar en la modificación de la Ley de desindexación para que, al igual que ocurre en otros sectores, se puedan modificar los costes del concurso cuando hay incrementos salariales, bien sea por subida de los convenios o por que el Gobierno modifica los salarios, como puede ser la subida del SMI.

Junto a ello, se propone modificar la forma de justificación de estar al corriente de deudas a la Seguridad Social para poder presentarse a los concursos; exigir el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales e incluir penalizaciones y claúsulas para la rescisión de los contratos cuando sistemáticamente se abonen los salarios con retraso o no se abonen mensualmente, o exigir que los planes de igualdad de las empresas estén debidamente aprobados y registrados en el REGCON. Además, se visibilizó la necesidad de contar urgentemente con la Oficina de Seguimiento y Control de los contratos públicos en todas las Administraciones públicas adjudicatarias. De igual forma, resulta necesario elevar los requisitos de solvencia económica y técnica de las empresas dentro de los márgenes que la ley permite y con la misma importancia es necesario permitir la participación de los agentes sociales en todas las fases del concurso.

El último módulo del seminario se ha destinado a abordar la “Contratación pública de servicios externos”, que en demasiadas ocasiones se traduce en precarización laboral a costa de la contratación pública. Los sindicatos como agentes sociales tenemos la obligación de exigir el cumplimiento de la ley y que en la ejecución de las contrataciones públicas, los pliegos establezcan garantías para respetar los derechos de las personas trabajadoras con sus respectivas actualizaciones salariales. El personal técnico de las administraciones públicas tiene una gran responsabilidad en las contrataciones públicas, quienes deben ser garantes del cumplimiento de los principios legales y desde los sindicatos debemos vigilar y estar al pendiente de su adecuada ejecución.

Los incumplimientos empresariales en la ejecución de contrataciones públicas no deben ser tolerados desde el sector público ni permitir que se pierda la calidad de los servicios a causa de una rebaja económica. Los concursos desiertos dan cuenta de que el criterio que prima en la contratación pública resulta ser el de la oferta económica más baja.

Se visibilizó también que los servicios de seguridad privada, limpieza y ambulancias son algunos de los servicios sujetos a contratación pública que han experimentado más deficiencias y que en su ejecución cuentan con menos recursos materiales. Además se hizo hincapié en el interés legítimo y la legitimación activa sindical para poder recurrir las licitaciones abusivas en las que estén en juego los intereses y derechos de las personas trabajadoras.

También, en esta mesa, se abordaron los estándares internacionales en materia de contratación pública, analizando las particularidades de las directivas europeas y las carencias de la Ley 9/2017 en la transposición de las mismas. Al respecto se destacó que las Directivas Europeas, contienen propuestas elaboradas por las organizaciones sindicales en las que ha participado USO, proceso de diálogo social europeo desde el que se han emprendido esfuerzos para que en la contratación pública los derechos laborales sean garantizados. Dentro de los contenidos de estas directivas se resaltaron las cláusulas sociales, medidas de igualdad,  transparencia y no discriminación en la contratación pública.

Desafíos y retos para alcanzar una contratación pública inclusiva

La contratación pública atraviesa serios desafíos y retos en el cumplimiento de sus objetivos. Lograr una contratación pública inclusiva y con perspectiva de género resulta fundamental para hacerla efectiva y acorde a los principios democráticos. Es necesaria mayor transparencia, una estandarización de su operación y criterios que no permitan el abaratamiento de las ofertas a causa del sacrificio de condiciones laborales y derechos básicos, así como la garantía de cumplimiento de los principios de seguridad jurídica, legalidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales dentro de los procesos de contratación pública.

Los sindicatos debemos exigir mayor supervisión por parte de las Administraciones públicas y acompañar los procesos de contratación, visibilizar las deficiencias de la misma y señalar los puntos de mejora y necesidades de modificaciones legales y operativas para consolidar una contratación pública responsable que respete los derechos laborales.