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La tasa de emancipación de personas jóvenes en España es la peor en toda la historia: solo el 14,8 % lo logra

Estos niveles tan bajos de emancipación juvenil no se han visto ni durante la crisis de 2008, en la que la tasa de emancipación se situó en 26,1 % ni en la emergencia sanitaria motivada por el coronavirus, cuando solo el 18,7 % de las personas jóvenes lograron emanciparse. Así lo revelan los datos del primer semestre del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Esta situación se presenta aún y cuando en 2024 el salario mediano de las personas jóvenes experimentó un aumento del 4 % y el paro juvenil descendió un 0,34 %. El salario mediano de la juventud fue de 1.048,19 euros netos en 12 pagas. Éste resulta totalmente insuficiente para poder emanciparse, ya que acceder a una vivienda en España, supone el 102,3 % de los ingresos medianos de la población joven si pretenden vivir en solitario y, en caso de compartir la vivienda, este gasto supone un 35,8 % de sus ingresos (375 euros al mes).

Precisamente, y también en el reciente informe presentado por el CJE, `Un problema como una casa´, 8 de cada 10 jóvenes emancipados comparten vivienda para reducir ese gasto, con una media de 3-4 personas por hogar. Otro dato importantes es que un 30 % de estos jóvenes necesitan de ayuda económica de sus familias para hacer frente al alquiler, que es la forma de emancipación elegida por el 70 % de los jóvenes.

Salarios bajos, vivienda cara

En 2024 el coste promedio de una vivienda se situó en 1.072 euros, cifra que supone un 13,6 % más que en el mismo periodo de 2023 (944 euros mensuales). Es decir, el coste de la vivienda aumentó tres veces más que el salario de las personas jóvenes, lo cual ocasiona que aun y cuando tengan trabajo, se encuentran materialmente impedidas a emanciparse.

Muestra de ello es que el 74,5 % de las personas jóvenes con trabajo siguen viviendo en el hogar familiar. Además, quienes logran emanciparse, como regla general lo hacen en condiciones precarias y el 70,5 % de los hogares jóvenes se encuentran sobreendeudados. Sin mencionar que, en términos generales, el 30 % de las personas jóvenes en España se encuentra en situación de pobreza o de exclusión social.

El empleo de las personas jóvenes, se encuentra definido por la parcialidad y salarios insuficientes. Una persona joven cobra un salario medio interanual de 12.578,32 euros, y 1 de cada 4 jóvenes con empleo (25,7%) tienen un contrato a tiempo parcial. Estas condiciones se agravan si analizamos los datos de personas jóvenes autoempleadas (autónomas) que tienen un ingreso promedio anual de 3.947 euros netos, quienes abonan una cuota de 230 euros mensuales a la Seguridad Social, lo cual reduce aún más sus ingresos.

Hacer frente a las condiciones estructurales que ahogan a los jóvenes

La juventud está atravesando un panorama extremadamente complejo, enfrentándose a condiciones estructurales que les impiden desarrollar un proyecto de vida. En primer lugar, la falta de oportunidades laborales, los salarios, las condiciones laborales precarias y parciales, que, en muchos casos, además, les exigen una sobrecualificación, y se les precariza escudándose en la falta de experiencia de la población joven.

En segundo lugar, la inactividad ante las condiciones abusivas para poder acceder a una vivienda, la falta de voluntad política para establecer mecanismos de control de los precios de alquiler y compra de viviendas y la ausencia de parques públicos de vivienda para grupos de población en situación de vulnerabilidad, son algunas de las situaciones que podemos identificar como causas de baja emancipación.

Desde USO exigimos que se incluya en la agenda política una ruta de trabajo clara para atender a estas problemáticas de forma integral. Entre ellas, el Estatuto de las personas becarias; salarios que permitan el acceso a una vida digna y no solo la supervivencia; un plan integral para el acceso a la vivienda, en la que se limiten los precios de los alquileres, se construya parque público de viviendas y se controle su uso turístico. Además de establecer políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social con enfoque de género y de derechos humanos.