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La Federación de Empleados Públicos de USO, que durante su 6º Congreso ha votado el cambio de nombre a Federación de Atención a la Ciudadanía, comienza nueva etapa con textos renovados y adaptados a las nuevas realidades a las que se enfrentan los trabajadores de los servicios públicos. Luis Deleito ha sido reelegido como secretario general de FAC-USO, afrontando su quinto mandato con un equipo conformado por Sergio Romero como secretario de Organización; Leonardo Barreda como secretario de Asesoría Jurídica y Sindical; Lourdes Pedrazuela como secretaria de Formación y Salud Laboral; Nuria Vizcay como secretaria de Administración y Programas; y José Joaquín Castro como secretario de Desarrollo Sindical.

En el Congreso, celebrado en Isla Cristina (Huelva), se han aprobado, además, 13 resoluciones especiales que ponen el acento en otros tantos problemas concretos para los que se pedirán medidas urgentes. Entre ellas, se pide luchar por la concreción de la desconexión digital en la negociación colectiva por sus efectos perniciosos para la salud laboral; fomentar la presencia de las personas con discapacidad en todas las administraciones públicas, que ahora mismo tienen un ínfimo ratio de cobertura; buscar que la cotización en clases pasivas computen para la jubilación parcial; la aplicación de un coeficiente reductor para la jubilación del personal a turnos; por la equiparación del plus de insularidad de Baleares con el de Canarias; y para reivindicar el encuadre profesional justo para los traductores e intérpretes.

Además, “hemos aprobado varias de ellas en línea con las diferentes formas de abuso que se están dando en las administraciones públicas, tanto la temporalidad como las interinidades mal utilizadas. Y, además, centrándonos en algunos sectores que padecen esta precariedad de manera especial, como son la Sanidad o la Justicia. No solo es ilegal, sino injusto para trabajadores y usuarios, que son, en los servicios públicos, el fin último de este trabajo que realizamos”, expone Luis Deleito, secretario general de FAC-USO.

“Y, en general, lucharemos por vigilar que no se desmantelen los servicios públicos. Estamos atendiendo a un proceso generalizado de privatización encubierta de múltiples servicios o parte de estos que suponen un menoscabo tanto en el empleo como para las propias arcas públicas. Tenemos que defender con todas nuestras fuerzas el Estado del Bienestar y a aquellos que lo hacen posible, dotando a los trabajadores de un nuevo Estatuto del Empleado Público que actualice los retos laborales a los que nos enfrentamos”, concluye Deleito.