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Los participantes en el Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), reunidos en Madrid los días 26 y 27 de enero, han elegido a Basilio Alberto Febles como secretario general de la Federación para los próximos cuatro años, con el 90% de los votos.

La nueva Comisión Ejecutiva Federal, también elegida, está compuesta por Iván Blanco, como secretario de Organización; Txomin Marañón, como secretario de Acción Sindical; Carmen Sevillano, al frente de Formación e Igualdad, y Roberto Serrano en la Secretaría de Información. La Comisión de Garantías estará presidida por Jesús Rodrigo Espinosa, y Antonio Molina y Joaquín Crisóstomo, como secretario y vocal, respectivamente.

Basilio Febles, nuevo secretario general de la FTSP-USO, ha recalcado que las líneas de acción sindical de la Federación para los próximos años estarán dirigidas a implementar directivas comunitarias para conseguir una contratación pública socialmente responsable así como a continuar luchando contra las empresas pirata, que se benefician de las pobres condiciones laborales y salariales de sus trabajadores para lograr adjudicaciones públicas.

También, la FTSP-USO continuará trabajando para exigir a los Ministerios de Interior y Educación, que se pongan de acuerdo para elaborar un currículum profesional para el acceso a la profesión y exigirá al Gobierno la aprobación de un Reglamento de Seguridad Privada, acorde a las necesidades de los vigilantes y no a las necesidades de facturación de las empresas o de las academias.

Igualmente, se solicitará al Gobierno la derogación de la Reforma Laboral, apostando por la prevalencia de los Convenios Colectivos Sectoriales sobre los convenios de empresa. En un sector en el que en los últimos 7 años se han perdido alrededor de 50.000 puestos de trabajo, las sucesivas reformas laborales han dado prioridad a los convenios de empresa, lo que ha propiciado la aparición y consolidación de empresas de seguridad privada en los que se aplican convenios de empresa o descuelgues de convenio.

Cerca de 19.000 trabajadores, de los 78.000 que se emplean en el sector, perciben salarios de miseria, con pérdidas económicas de alrededor de un 25% de su salario y unas condiciones de trabajo nada óptimas, que las empresas aprovechan para presentar agresivas ofertas económicas en los concursos públicos. Las Administraciones han fomentado una contratación pública del todo irresponsable, que ha generado un perjuicio importante a los intereses de los trabajadores y unas políticas fiscales de las empresas, basadas en defraudar a la hacienda pública y a la seguridad, como único medio de poder hacer rentable los servicios adjudicados.