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La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera FEP-USO manifiesta públicamente su rechazo al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se remitió el pasado Viernes 26 a las Cortes para su tramitación Parlamentaria, y exige su retirada, como ya hizo el pasado 15 de Marzo, al analizar el borrador que nos hizo llegar la Administración.

Desde FEP-USO nos oponemos frontalmente a esta reforma, pues la misma se decanta por la privatización de los servicios municipales como única alternativa a su prestación. Con la consiguiente destrucción de Empleo Público, y lo que es peor, el deterioro de la prestación de los Servicios Públicos que prestan los Ayuntamientos a los ciudadanos. Distanciando a quien gestiona y presta el servicio, que es quien conoce mejor las necesidades de los ciudadanos de su municipio, de quien lo recibe. Y como no, afectando a los Empleados Públicos que los prestan, lo que generará mas paro, a cambio de un empleo precario y un servicio público de mala calidad.

 

-La gestión de muchos servicios públicos quedará, por imperativo de esta Ley sometida a la iniciativa privada, o lo que es lo mismo, sometida a criterios económicos de rentabilidad, por encima de los criterios del beneficio, de la rentabilidad social y del servicio al ciudadano, que pasan a estar en un segundo plano.

-Consideramos que la Reforma va a ocasionar una pérdida brutal de puestos de trabajo en las Administraciones Locales de toda España. Algunas fuentes cifran en una cantidad superior a 200.000 los puestos de trabajo que pueden llegar a ser suprimidos, y que se sumaran así a los ya de por si demoledores efectos que la Reforma Laboral ha tenido y está teniendo en la Administración Local. Nuevos ERE se avecinan en la Administración Local.

-Esta Reforma, en el supuesto de que vaya adelante, tras su tramite parlamentario, perjudicará a muchísimos ciudadanos, en especial a los residentes en pequeños municipios del ámbito rural, al imponer la supresión de Servicios Públicos Municipales como aquellos relacionados con Servicios Sociales, personas dependientes, discapacitados, etc… Siendo las Comunidades Autónoma las que, asumiendo estas competencias, decidirán qué servicios se van a mantener y en qué municipios. Esto, unido a los criterios economistas a los que antes nos hemos referido, agravará aun más la situación de los ciudadanos residentes en estos municipios. No podemos obviar que han sido las Comunidades Autónomas las que han puesto en “la picota” muchos de los servicios que prestan los Ayuntamientos justamente por el incumplimiento de sus obligaciones de pago hacia los mismos.

-Conceptos, como los de “coste estándar” de los servicios, a pesar de que han sido “descafeinados” en base al informe del Consejo de Estado, siguen distorsionando la Reforma, en la que claramente se decanta a favor de la gestión privada sobre la pública. O lo que es lo mismo, se prima la privatización de los Servicios Públicos que prestan los municipios.

La Reforma plantea también dudas sobre su Constitucionalidad, pues vulnera la autonomía local reconocida en el Artículo 140 de nuestra Constitución, así como la Carta Europea de la Autonomía Local, suscrita por España en 1988, siendo varios los Gobiernos Autonómicos que ya han anunciado su oposición al texto, como el catalán, el vasco y el andaluz, entre otros. Lo que augura un largo recorrido judicial, una vez terminado el parlamentario.

Desde la FEP-USO consideramos que el Gobierno ha perdido otra oportunidad de oro para acometer una reforma de la Administración Local, que consideramos necesaria, pero que en este caso, como en otros, se afronta desde una falta total de negociación y búsqueda de consenso, así como desde la prevalencia de criterios ya muy manidos y demostradamente faltos de eficacia, como la reducción del gasto público, ante todo y pese a quien sea… cuando justamente la deuda de la Administración Local, supone un porcentaje mínimo, que ronda el 4 %, respecto del total de la deuda pública. Reducción que se materializa en la supresión de servicios públicos, en otra vuelta de tuerca en la satanización de los Empleados Públicos que los prestan, y en la sustitución de ambos -servicios y empleados públicos- por la iniciativa privada, como única alternativa. A la que se le considera, ante todo mas barata, lo que además de falso, al parecer, es lo único que importa. Sin tener en cuenta otras premisas, como la calidad del servicio que se presta, y que los ciudadanos son, ante todo, personas, y no simples números. Seres humanos que necesitan, en determinadas momentos de su vida y ante determinadas situaciones de necesidad, la prestación de determinados servicios que cubran estas necesidades adecuadamente, por encima de las valoraciones económicas de su rentabilidad. A estos efectos nos remitimos a las propuestas que sobre la Reforma de la Administración Local hicimos en su día y en la que seguimos apostando por unos Servicios Públicos de Calidad, prestado por un Cuerpo de Empleados Públicos de la Administración Local, también de calidad, gestionado bajo criterios de igualdad y homologación retributiva.