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La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha organizado una reunión el día 22 de junio sobre perspectivas presupuestarias europeas del nuevo periodo 2021–2027 y la identificación y prioridades sindicales sobre los impuestos establecidos en la Unión. Con esta reunión la CES ha puesto en marcha un Comité de Impuestos, del que USO forma parte, que tendrá continuidad el próximo mes de diciembre.

En la primera parte, Thilo Maurer de la Dirección General de Presupuestos de la UE expuso las ideas fuerza que ha desarrollado un grupo de alto nivel dirigido por el italiano Monti y que culminará en un libro blanco que se pondrá a consulta dentro de unos meses.

Desgraciadamente, las ideas expuestas por Maurer consensuadas en ese grupo de alto nivel con la Comisión no afrontan las carencias presupuestarias puestas en evidencia en estos años de crisis económica y en la torpeza de la arquitectura de mecanismos que deberían haberse puesto en marcha paralelamente a la implantación del euro.

Así, el importe del presupuesto seguirá estando alrededor del 1% del PIB europeo. La procedencia de los recursos seguirá volcada en los recursos arancelarios, IVA y tamaño del PIB. Podría incluirse algún nuevo recurso común, tasa a la emisión de CO2 o un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), pero siempre acotados a satisfacer ese 1% del PIB, con lo que esos nuevos ingresos supondrían la reducción de otras partidas obtenidas mediante ingresos tradicionales. Esto supone que no habrá posibilidad de recursos relevantes para hacer frente a crisis asimétricas, un tesoro común, un fondo de inversión europeo, etc., y otros mecanismos que se acerquen a un modelo de hacienda federal, en una dinámica de construcción europea, que con esos mimbres no se vislumbra. De hecho, el funcionario descartó el modelo y capacidad presupuestaria federal de Estados Unidos. En el lado de los gastos, Maurer planteó que podría haber programas o presupuestos nuevos para, por ejemplo, facilitar la integración de refugiados, pero otras necesidades de cohesión europea como reducir las cifras de desempleo o nivelar la renta per cápita no están explícitamente contempladas.

Con respecto a las prioridades fiscales, si bien se aprecia la puesta en marcha de la transparencia de una base imponible común en el impuesto sobre sociedades y las declaraciones de impuestos de las empresas país a país, dada la existencia de planificación fiscal agresiva y la existencia de los paraísos fiscales, los sindicatos mantenemos como prioridad la lucha contra la elusión fiscal de transnacionales y accionistas.

La segunda cuestión de prioridad sindical es trasvasar parte de la presión fiscal que afecta a las rentas salariales (que han disminuido su participación en la renta nacional) a las rentas procedentes de beneficios del capital y la riqueza (que cada vez ocupan una mayor proporción de la renta nacional).

Además de estas cuestiones se trataron otras figuras impositivas y el éxito de la puesta en marcha del ITF en Francia e Italia, a pesar de que son provisionales, esperando que haya una normativa común en los países que aprobaron la puesta en marcha de este impuesto bajo la fórmula de cooperación reforzada, España entre ella, pero que año a año se pospone por intereses del sector financiero.

Para lograr una continuidad del trabajo de este Comité de Impuestos, se formarán dos grupos de trabajo que lideren propuestas sindicales sobre el Impuesto sobre sociedades y la mejora de la progresividad de los sistemas fiscales que, por fijación en el actual tratado europeo, forman parte de las competencias nacionales, buscando el consenso y reivindicaciones prioritarias en el sindicalismo europeo.