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La FTSP-USO denuncia que el 8 de marzo, último día antes de que entrase en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y aprovechándose las diferentes administraciones del revuelo social y mediático del Día de la Mujer y sus múltiples manifestaciones, salieron a licitación más de 2.500 concursos públicos, diez veces más de lo que era habitual en un día normal. Basilio Alberto Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada, denuncia que “este incremento en la publicación de licitaciones solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando hasta el último día una ley obsoleta que permite ahorrar unos míseros euros en detrimento de los derechos de unos trabajadores que, con suerte, son mileuristas, trabajadores pobres”.

La recién estrenada ley, emanada de la trasposición de directivas comunitarias de obligado cumplimiento, no de la propia iniciativa legislativa española, ha sido aprobada con la oposición del Partido Popular. Recoge la inclusión de criterios sociales para los contratos públicos y la prohibición, en sectores de mano de obra intensiva -como la seguridad privada, limpieza y otras prestaciones de las empresas multiservicios-, de que el precio sea el único criterio a la hora de adjudicar los contratos. Desde el 9 de marzo, por lo tanto “los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir esos criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio a la hora de valorar las ofertas de las empresas. Desde USO, venimos exigiendo a las Administraciones Públicas una contratación pública socialmente responsable, siendo fundamental para los derechos de los trabajadores de nuestro sector el cumplimiento escrupuloso de los convenios sectoriales, la inclusión de cláusulas que permitan rescindir los contratos a las empresas que no cumplan con el pago de los salarios o con los pliegos de condiciones, así como a las que defrauden a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social”, recuerda Febles.

Por lo tanto, “es decepcionante ver cómo se aprovecha el último minuto de la ley anterior, puesto que en el último mes se ha aprovechado para sacar a concurso licitaciones que estaban previstas para meses posteriores. Algunas tan cuantiosas como el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de euros”, lamenta el secretario general de la FTSP-USO. “Debemos exigir a los políticos y altos funcionarios, y así lo hacemos desde USO, que se cumplan las leyes vigentes, la ética a la hora de gestionar el dinero público y que se piense en los trabajadores”, concluye Febles.