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Noviembre cierra con una subida oficial del IPC acumulada en 2017 del 1,7% tras cuatro meses continuado de aumento de los precios, que se han incrementado con respecto a octubre en medio punto.

El coste de la cesta de la compra, según el Instituto Nacional de Estadística, se ha visto afectado, sobre todo, por la subida de los carburantes, que inciden en el encarecimiento tanto del transporte como de la calefacción para la vivienda.

Sin embargo, “esta subida de precios, que la estadística endulza con una bajada del coste de la fruta, el ocio y la cultura, o la restauración y hotelería, no tiene en cuenta dos de las cargas más importantes que recaen sobre el bolsillo de los españoles: la vivienda y la energía”, argumenta Laura Estévez, secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la USO.

“Asistimos a este cuatrimestre inflacionario a la vez que padecemos la escalada de los precios de la vivienda a valores de antes de la crisis -6,2% de subida hasta septiembre-, y soportamos un recibo de la luz que es el quinto más caro de Europa, tras países que prácticamente doblan nuestro sueldo medio, como Suecia, Finlandia y Gran Bretaña”, continúa Estévez. “Según los datos de Eurostat, la energía se encareció en España un 5% en el primer semestre, cinco veces la media europea, pero es que los datos que se van conociendo mes a mes siguen hablándonos de costes de la luz astronómicos ya en pleno invierno, machacando a familias enteras con el nuevo concepto de pobreza que ha creado la crisis, el de la pobreza energética”.

El alza de los precios no sería tan dramática si viniera acompañada de una recuperación real de los salarios. “La última propuesta de la CEOE va en la línea de la máxima de la negociación colectiva defendida por la USO, que oscila entre el 2,5 y el 3,5% de revalorización salarial, pero por el momento, ni se ha producido dicha mejora ni sabemos en qué condiciones se ofertará. Así, mostramos nuestra cautela, puesto que podría venir aparejada a otra importante pérdida de otros derechos laborales”.

Además, fuera de los convenios sectoriales y de empresa quedan los funcionarios y jubilados, quienes “directamente se ven abocados a subidas irrisorias o congelaciones por la falta de presupuestos para 2018”. Los pensionistas llevan tres años actualizando sus mensualidades a un ritmo del 0,25% anual, y el próximo año será igual. Por lo tanto, este año “ya acumulan una pérdida de poder adquisitivo del 1,45%, que seguirá creciendo si se mantiene esta tendencia. Esto no solo aleja a los jubilados de la tan celebrada recuperación económica que nos llega desde el Gobierno, sino que hace que nuestros mayores sean cada día más pobres”.