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Representantes de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP) se han reunido a lo largo de esta semana con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y con los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, para hacerles llegar la propuesta de moción por el blindaje constitucional de las pensiones.

Miguel Ángel Revilla ha firmado como promotor de la plataforma, comprometiéndose a apoyar el blindaje constitucional de las pensiones, y sumándose a las otras 95 personalidades y profesionales que lo apoyan. El Presidente de Cantabria ha trasladado a los representantes de la MERP, entre los cuáles se encontraba la secretaria general de USO Cantabria, Mercedes Martínez, su compromiso de promover la moción para blindar las pensiones en la Constitución en el Parlamento de Cantabria y en los ayuntamientos en los que están presentes a través de la formación política que él encabeza.

Por otro lado, Rita Maestre y Mauricio Valiente, por parte de Ahora Madrid; Begoña Villacís, Miguel Ángel Redondo y Bosco Labrado, por parte de Ciudadanos; Erika María Rodríguez y José Manuel Dávila, por parte del PSOE; y Elisa Vigil por parte del PP, han recibido en cuatro reuniones a los representantes de la MERP, entre los que se encontraban Felipe Bayón, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de USO (AJUPE-USO), y Cristina Albaladejo, técnica confederal de Igualdad.

La propuesta de moción por el blindaje constitucional de las pensiones ha sido muy bien acogida entre todos los grupos municipales, a los que se ha solicitado que sea aprobada en pleno. La moción insta al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se promueva “una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones. Un artículo que recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones”.

La MERP ha presentado mociones ya en 60 ayuntamientos, lo que representa a 15 millones de ciudadanos, es decir, un tercio del censo de todo el país, en poco más de 6 semanas. El último municipio que ha aprobado la moción es Etxebarri, en Bizkaia, con lo que son ya 15 ayuntamientos los que la han aprobado.

La MERP, que recientemente se reunió con la Defensora del Pueblo por cuarta vez, ha entregado ya más de 700.000 firmas a los defensores del pueblo con la misma exigencia que está llevando ahora a los ayuntamientos, “poner en marcha un proceso que culmine con el blindaje constitucional de las pensiones como un desarrollo necesario de nuestro sistema democrático”.