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La Plataforma por la Justicia Fiscal, a la que pertenece USO, ha emitido una nota con motivo de la sentencia en el Tribunal Constitucional que admite como prueba los datos suministrados por Hervé Falciani, la famosa Lista Falciani, que ha permitido que la Agencia Tributaria española y de otros países inspeccionasen a personas y entidades que habían cometido fraude fiscal.

Proteger y apoyar el trabajo de los denunciantes de fraude fiscal es imprescindible para la lucha contra el fraude. Hay que velar por la seguridad de estas personas y su servicio a la ciudadanía.

La Plataforma por la Justicia Fiscal considera positiva la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala una anterior del Tribunal Supremo, sobre la validez y uso de la documentación aportada por Hervé Falciani -unas 130.000 cuentas bancarias y sus propietarios en la filial suiza del HSBC- que han servido para destapar fraudes fiscales de esas personas y entidades de varios países europeos, entre ellos en España. Según la Agencia Tributaria, el monto defraudado se eleva a más de 250 millones de euros.

La Plataforma por la Justicia Fiscal presentó a todos los partidos políticos antes de las elecciones de abril una propuesta de Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal en la que defendía la necesidad de poner en marcha medidas de apoyo y protección para los denunciantes en la lucha contra el fraude fiscal.

Además, este Pacto, registrado en el Congreso de los Diputados, recogía otras medidas a poner en marcha como un plan de acción urgente contra la evasión y la elusión fiscal que cuente con un marco parlamentario y que permita romper con el déficit recaudatorio en cinco años; una lista negra objetiva y ambiciosa de paraísos fiscales que incluya todas las jurisdicciones de baja o nula tributación para poner fin a su utilización; el compromiso de que empresas y personas que no cumplen con criterios fiscalmente responsables no puedan beneficiarse de la contratación pública, o la internacionalización de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con el impulso de procesos internacionales ambiciosos.

También se plasman otras medidas que garanticen la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibilitan la elusión y evasión fiscal; el fortalecimiento de medios y recursos de la Agencia Tributaria para las tareas de inspección y control del gran fraude fiscal; la reorganización de la AEAT, revisando las tareas de inspección y coordinando las bases de datos con los de las comunidades autónomas, o la convocatoria de una gran conferencia de coordinación contra el fraude fiscal, que cuente con representantes parlamentarios y del Gobierno, junto con actores sociales y expertos.

España recauda casi 7 puntos menos de impuestos respecto al PIB que la media de la eurozona. Esa menor presión fiscal es debida, en parte, al fraude y elusión fiscal que, en su mayoría, cometen las grandes fortunas y empresas multinacionales. De equipararnos a la UE, las arcas públicas dispondrían de unos ingresos adicionales de 80.000 millones de euros, un 20% más de ingresos que los que obtiene en la actualidad.