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Según la última EPA, 2022 cerró con una temporalidad en la Administración pública del 30,2 %, frente al 14,8 % del sector privado, aunque se redujo ligeramente con respecto a 2021

En 2022, la mayor precarización del empleo se da en la Administración pública, que duplica la tasa de temporalidad del sector privado. Así, los temporales de todo tipo en la Administración suponen un 30,2 % del total de las plantillas, con un efecto mínimo de los acuerdos de estabilización (2021 acabó con el 31 % de temporales). La temporalidad está aún por encima de los dos años precedentes (29,9 % en 2020; 27,8 antes de la pandemia). La Administración pública duplica la tasa de temporalidad del sector privado, que es del 14,8 %.

El secretario general de FAC-USO, Luis Deleito, alerta de que los datos corroboran el fracaso de los procesos de estabilización. “En la Administración, hay dos grandes focos de temporalidad. La principal se encuentra en la autonómica, con dos grandes monstruos, que son la Sanidad y la Enseñanza, y después, la local, con los eventuales. Con los últimos datos del Registro, de primer semestre de 2022, vemos que los procesos de estabilización y los compromisos de reducir la temporalidad no han surtido ningún efecto”.

Deleito destaca “una bajada irrisoria de la temporalidad de 0,83 puntos en la Administración autonómica, que es la que más personal interino y eventual tiene. Ese tipo de personal aún supone el 34,31 % del total. En AGE, donde las interinidades son menos utilizadas, ha bajado al 2,55 %, 0,51 puntos menos. Pero en la local, donde más se abusa de los eventuales, la temporalidad ha crecido con respecto a 2021 en 1,01 puntos, hasta el 14,08 %”.

Unos datos “más que sonrojantes. Un abuso de la temporalidad y de contratos en fraude de ley que se pretendió atajar con una foto por la estabilización, pero que no se ha ejecutado. Las grandes convocatorias de empleo público anunciadas a bombo y platillo son una mínima parte de las necesidades de la Administración: no se trata solo de estabilizar, sino de recomponer servicios enteros donde durante años no ha habido reposición”, expone Deleito.

Por ello, FAC-USO apuesta por “planes específicos de estabilización para los sectores que presentan las mayores tasas de interinidades, como la Sanidad y la Educación, y una comisión de seguimiento efectiva, que penalice a quienes incumplen. Mientras no haya consecuencias administrativas y políticas por este fraude, seguiremos viendo cómo las Administraciones públicas se convierten en la mayor ETT de España”.