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En la segunda jornada del X Congreso Confederal que se está celebrando en Sevilla, los delegados han aprobado por una contundente mayoría, un Plan de Acción, la reforma de los estatutos de la organización y cinco resoluciones especiales. Los ejes de todos los cambios introducidos en este Congreso se resumen en la lucha decidida contra la corrupción en el ámbito público, la exigencia de transparencia a todos los niveles, la regeneración democrática del marco sindical en España y el prestigio del sindicalismo, la defensa de los servicios públicos, la apuesta por una nueva Unión Europea con mayor integración y cohesión social y el apoyo al sector industrial para conseguir la recuperación de nuestra economía.

En coherencia con estos planteamientos el X Congreso ha aprobado una modificación de los estatutos de la organización que garantiza una reducción de número de cargos, la limitación de mandatos y la creación de una única Comisión de Transparencia económica para toda la organización.

Así, la Comisión Ejecutiva Confederal se reduce de 9 a 6 miembros que ocuparán la Secretaría General Confederal, Secretaría Confederal de Organización, Secretaría Confederal de Acción Sindical e Igualdad, Secretaría Confederal de Comunicación y Formación, Secretaría Confederal de Acción Internacional y Secretaría Confederal de Administración y Finanzas.

El Consejo Confederal, máximo órgano entre congresos, se reduce en un 20% pasando de 125 miembros a 100. Y se limitan los mandatos de todos los cargos de elección a un máximo de 3 consecutivos.

La segunda sesión del congreso ha definido también los ejes sobre los que va a pivotar su acción durante los próximos cuatro años y así se afirma en su Programa de Acción que en España para salir de la crisis debemos modernizar nuestra industria productiva, hacia productos de alto valor añadido, tanto como nuestro modelo de servicios para que ambos sectores puedan crear empleo estable y de calidad acompañado de un sistema de formación continua constantemente actualizado para responder a las necesidades del mercado laboral. Los sindicatos deben participar plenamente en la gestión empresarial y se deben iniciar planes concretos de desarrollo de la economía social y solidaria en conformidad con la ley y con vistas a humanizar las relaciones laborales. También es imprescindible reformar en profundidad nuestro sistema tributario, facilitar la creación de empresas y fomentar una producción de energía competitiva que favorezca las energías renovables y reduzca nuestra dependencia del exterior en el marco de un Plan Estratégico Energético Nacional que asegure también la complementariedad entre las fuentes de energía y las redes de abastecimiento para que sean eficientes y competitivas. Para que la economía funcione, también necesitamos unas infraestructuras de transporte eficaces basadas en la intermodalidad sostenible entre carretera, ferroviario y marítimo. Otro pilar fundamental del crecimiento sostenible de nuestra economía y una de las reivindicaciones fuertes de la USO es una política coherente de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Debe ser dotada de una sólida financiación, acompañada de una ambiciosa política de recursos humanos que frene la fuga de cerebros y respaldada por la coordinación de las distintas componentes del sector público.

La USO apoya plenamente el Programa de Recuperación Europeo propuesto por la CES y la propuesta de dotación del mismo de un fondo de inversiones equivalente al 2% del PIB europeo anual procedente de la recaudación del impuesto sobre las transacciones financieras, del impuesto sobre las grandes fortunas, del impuesto sobre la renta europeo y de la emisión de eurobonos. Sus objetivos principales son la creación de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes parados, a los parados de larga duración y a los trabajadores mayores.

Además, en este mundo globalizado e interdependiente, y con vistas a reforzar el sentimiento europeo de los ciudadanos, la USO reclama que la Unión Europea (UE) tenga una fiscalidad común que vaya más allá de las buenas intenciones con las medidas siguientes: un nuevo impuesto europeo sobre la renta del 1%; la lucha contra los paraísos fiscales y los centros financieros offshore; un nuevo impuesto europeo sobre el patrimonio; la fiscalización de los precios de transferencia de las multinacionales y la dedicación de parte del impuesto sobre las transacciones financieras a la financiación de programas europeos.

Paralelamente, la USO propone que España dedique por su parte el 1,5% de su PIB anual a un plan nacional de estímulo económico y de creación de empleo. La viabilidad de la financiación de este plan dependerá en gran parte de la muy necesaria reforma del sistema tributario español que también reivindica la USO. En España en 2012, los gastos del Estado han superado sus ingresos en un 50% y, a pesar de unos tipos impositivos muy altos, estamos por debajo de la media europea de recaudación: significa que las bases tributarias escapan a tributación y los beneficios fiscales reducen la tributación efectiva. La recaudación impositiva debe ser suficiente, eficaz, eficiente y equitativa, y nuestro sistema tributario no cumple con ninguno de estos criterios, no es ni eficaz ni eficiente, porque es muy complicado y las normativas cambian constantemente, generando mucha inseguridad jurídica, desincentivando las inversiones y multiplicando las posibilidades de defraudación. La USO propone un programa de amplias reformas fiscales que cubre el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el impuesto sobre sociedades (IS), el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y prevé un nuevo impuesto sobre los grandes patrimonios. Y, por supuesto, para que las reformas surtan efecto, la lucha contra el fraude tributario, que representa entre el 14 y 25% del PIB en España, debe ser una prioridad y beneficiarse de una coordinación internacional con intercambio automatizado de informaciones.

Unas reformas democráticas e institucionales, como la modificación de la ley electoral y del código penal, la reforma del sistema financiero y medidas anticorrupción que aseguren la máxima transparencia del uso de los recursos públicos son también imprescindibles en España para restaurar la confianza perdida de los ciudadanos.

La USO reafirma su compromiso a favor de un Estado social universal que garantice educación, sanidad y servicios sociales de calidad, pensiones y viviendas dignas, y protección frente a la pobreza y la exclusión social. La reducción del déficit no se puede lograr en base a recortes en el Estado de Bienestar; nuestros dirigentes deben restituir a la ciudadanía los derechos arrebatados por unos recortes crueles e innecesarios y aumentar el gasto público para ampliar la cobertura social y así contribuir a la redistribución de la renta, corrigiendo las desigualdades y la injusticia. Por lo tanto, nos oponemos firmemente a la destrucción y pr
ivatización de los servicios públicos que son una parte integral del modelo social europeo y aunamos fuerzas con la CES en su defensa acérrima.

El concepto de Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es central en nuestras exigencias y nuestras propuestas incluyen todos los derechos y principios que se deben establecer para que se convierta en realidad. Es la piedra angular de un desarrollo económico democrático, a contracorriente de las evoluciones actuales a las que nos oponemos con firmeza. En la misma línea, también reafirmamos nuestra apuesta histórica por el Pleno Empleo y la necesidad de actuación simultánea en los ámbitos tanto nacionales, como europeo con la CES, o internacional con la Confederación Sindical Internacional (CSI) para hacerlo prevalecer sobre la lógica del provecho empresarial a cualquier coste.

Para conseguir estos objetivos, la USO aboga por un modelo de diálogo social alternativo más abierto y plural al servicio del conjunto de la ciudadanía que permita la elaboración conjunta de soluciones reales a la crisis actual.